Cargos e hipocresía

GONZALO AGUIRRE RAMIREZ

Dos órganos de prensa, por lo menos, han vuelto a atribuirme la autoría -es decir, la redacción- de la ley de caducidad. Voy a aclararlo, entonces, por enésima vez. No porque sea un demérito dicha autoría, que no lo es, sino en homenaje a la verdad histórica.

Quien proyectó y redactó la ley de caducidad fue el malogrado, querido y muy talentoso correligionario Héctor Martín Sturla. Fui el autor y redactor de varias leyes más o menos importantes, entre ellas de la que impidió que la Junta Departamental capitalina hiciera derribar la cruz erigida en el Bulevar Artigas en ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II.

Pero no de la ley de caducidad. ¿Estamos?

Y a otra cosa. Con el deplorable proyecto de ley de Rendición de Cuentas a la vista, escribí el pasado 19 de agosto un artículo en el que censuré la creación de más de mil cargos y "funciones contratadas". Así como la de nuevos cargos de particular confianza.

De éstos dije que, "en rigor -debieran llamarse- cargos de desconfianza. Porque no puede tenerse confianza en jerarcas inexpertos, cuyo úni- co mérito es su militancia política".

Hace una semana, El País difundió una información de la OPP según la cual, a enero del 2008, en el ámbito del Poder Ejecutivo los cargos de confianza habían aumentado en un 41% respecto de los existentes tres años atrás. De 134 a 189.

En realidad, su incremento ha sido mayor. En efecto, dichas cifras no contabilizan los creados en la antedicha y última Rendición de Cuentas, ni los que otras leyes de igual carácter, instituyeron en otros organismos.

Así, por ejemplo, en la Rendición sancionada en el 2006 o en el 2007 -no estoy seguro- fueron declarados de particular confianza todos los cargos de Secretario General de los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. Que no son menos de quince.

Pero la cuestión no es numérica. Es de buena administración y de ética y coherencia política.

En el primer plano, reiteramos lo dicho el 19 de agosto del 2008: "¿De qué vale, entonces, ingresar regularmente a la administración y tener, por ejemplo, 25 años de correcta actuación, si por la ventana ingresan continuamente a la misma personas que no exhiben otro mérito que su filiación política y desconocen el funcionamiento del organismo a que acceden?"

A lo que agregamos: "Ello no mejora la gestión de la administración, transforma en letra muerta el derecho a la carrera administrativa y es muy injusto para los buenos funcionarios, que los hay".

Además, desde su creación en 1971 -descontado el hiato de la dictadura- el Frente Amplio no cesó de fustigar a los partidos tradicionales por disponer de la administración pública, a su criterio, con fines de proselitismo político. Es decir, por practicar, a costa de las arcas públicas, que se nutren con el dinero de los contribuyentes, el clientelismo electoral.

Por crear y proveer todo tipo de cargos. Entre ellos, los de confianza. Aunque por ley del año 90 el gobierno de Lacalle prohibió, con excepciones razonables, el ingreso de nuevos funcionarios públicos, demos de barato que así ocurría.

¿Corrigieron dicho vicio los "progresistas"? ¿Fueron coherentes con su reiterativa crítica? Todo lo contrario. Además de los cargos "de desconfianza", nombraron más de 14.000 nuevos funcionarios, a estar, también, a cifras oficiales. Posaban de Catones y engañaron al pueblo. Pero sólo eran hipócritas.