Gobierno y justicia

HEBERT GATTO

Pablo Mieres, en reciente reportaje en Búsqueda nos recuerda que el Uruguay cuenta con más pobres que hace diez años. En aquel entonces con un PBI sensiblemente menor teníamos un 15% de la población calificada de pobre, mientras hoy ese índice abarca a un 22% de la misma. A esta constatación, de por sí grave, agrega una observación que todos intuimos: la situación económica de este estrato está acompañada por un grado de exclusión cultural cada vez más alarmante.

El dato resulta doblemente revelador. Por un lado muestra un entramado social tenso sometido a contradicciones, por otro, ilustra el radical fracaso del gobierno en su proclamado objetivo de derrotar la inequidad. Más aún cuando consideramos que los índices de pobreza de una sociedad no son, en principio, un porcentaje de los ingresos totales, sino que se establecen independientemente como resultado del costo de una canasta de artículos seleccionados como básicos para la supervivencia. Ello supone que considerando la riqueza social en su conjunto, los actuales pobres están proporcionalmente peor que los de hace diez años. Y así lo sienten.

Para el Frente Amplio que ha hecho de las finalidades sociales de sus políticas su sello distintivo y su principal meta como partido, al punto que permanentemente destaca su intervencionismo para regular el mercado, los resultados obtenidos no pueden ser más decepcionantes. Especialmente porque les ha destinado grandes proporciones del presupuesto nacional, creando incluso, un ministerio dirigido a atenderlos.

Comenzando con el publicitado Plan de Emergencia y siguiendo con las variadas políticas sociales actualmente vigentes, comandadas por la inefable Marina Arismendi.

Es un axioma que todos los gobiernos del mundo, sin que el Frente sea excepción, atribuyen a sus propios méritos los éxitos de los períodos de bonanza mientras imputan los fracasos a las adversas condiciones económicas del medio. Esta es una ley que puede formularse diciendo que "en política el entorno propio (no así el de los rivales), es factor explicativo únicamente cuando es adverso". Por más que en nombre de la coherencia, lo menos que pueda exigirse, es que la misma regla se aplique a todas sus políticas.

El Uruguay vivió desde el 2004 hasta la fecha el mayor crecimiento económico de su historia, con guarismos que en el último año han superado el diez por ciento del producto. Al mismo tiempo, como el propio gobierno ha destacado insistentemente, destinó a fines sociales una parte sustancial de esos recursos. Sin embargo, los logros en materia distributiva, son claramente negativos. El país mantiene índices de pobreza en un 50% superiores a los de una década atrás y paralelamente un creciente proceso de marginación. No puede alegarse que ello es consecuencia de estrategias neoliberales que postergaron la distribución en aras del crecimiento. Esto no sólo contraría la política del gobierno, sino su largamente proclamada filosofía de fondo.

Por otro lado, si los éxitos no se explican por el entorno tampoco lo hacen los fracasos.

Aunque le duela, el gobierno debe admitir que los resultados de sus políticas sociales han sido un formidable traspié. Paradojalmente, fracasó en aquello que con más én- fasis se propuso: la justicia social.