DGI clausuró 22 locales por evasión de tributos

Ciudadanos de todo el país se encontraron ayer con las primeras clausuras de la temporada de parte de la Dirección General Impositiva (DGI).

El organismo clausuró ayer 15 locales comerciales en Rocha y Maldonado, a los que se sumaron otros en Montevideo y Florida de los que prevé concretar la DGI antes de fin de mes por infracciones cometidas en la temporada pasada.

El director general de Rentas, Nelson Hernández, dijo a El País que "en el correr de esta semana se completará una nómina de los 19 locales". En algunos casos, la DGI debió recurrir a la Policía para poder llevar a cabo la clausura dado que empresarios se negaron a que se concretara la sanción.

"Tres locales presentaron un recurso judicial, por tanto, la clausura se postergó un par de días. De todos modos, esto no implica que la medida no se lleve a cabo", aclaró.

Asimismo, en un balneario de Rocha la DGI contempló el efecto que podría causar en la temporada turística la clausura de los únicos tres boliches bailables y decidió aplazar el cierre en uno de ellos, dijo Hernández.

El director de Rentas ya había aplazado la concreción de las clausuras hasta la segunda quincena de enero tomando en cuenta que en algunos casos la sanción hubiese implicado el fin del negocio definitivamente y, según Hernández, la sanción hubiese sido mayor.

En Maldonado las clausuras se iniciaron en Solis con el cierre de una inmobiliaria y siguieron en Punta del Este con otras dos inmobiliarias a las que se agregó una cuarta en José Ignacio. A estas se le sumó un supermercado, una casa de ropa, un restaurante y dos locales pertenecientes a un cibercafé.

En Montevideo, también ayer se clausuró a una cadena de seis fruterías y un local en un centro comercial. Por su parte, en Florida se cerró una barraca.

Sobre la primera etapa de las inspecciones en la temporada de este año, se visitaron 543 empresas de las cuales 241 fueron en Punta del Este, 67 en Piriápolis, 217 en Rocha y 18 en la Costa de Oro.

El total de anticipos de impuestos que la DGI calculó en las empresas fue de $ 55.5 millones. "En realidad esto es como una especie de garantía impositiva que las propias empresas, en la mayoría de los casos, optan por pagar el impuesto estimado que relevó la DGI", dijo Hernández.

Asimismo, ya está operativa la segunda etapa del operativo de control de cumplimiento de garantías. En este sentido, Hernández reconoció que existen algunas "dificultades" por los reclamos que están haciendo los inspectores en cuanto a la celeridad de las inspecciones.

El funcionario indicó que debido a los reclamos de los inspectores de la DGI, se están haciendo "menos controles" que los previstos originalmente.

En total se llevan 1.200 actuaciones, cuando la DGI había proyectado más del doble.

El conflicto con los trabajadores no ha registrado avances ya que el Ministerio de Economía y Finanzas manifestó su disposición a no aumentar salarios porque esto implicaría elevar el gasto público.