La herencia maldita

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido que el 15 de setiembre de cada año se festeje el "Día de la Democracia". Nadie duda que el sistema democrático merece ser celebrado tal cual es: el eslabón superior de la evolución política de la humanidad. Precisemos, sin embargo, que en muchos países la democracia está consolidada y funciona con madurez; en otros, es todavía un ropaje que oculta limitaciones surgidas de confusiones conceptuales, de fallas en los mecanismos acordados y de falta de respeto a la propia esencia del sistema. Por último, un grupo de países, muy numeroso aún, sigue afiliado a fórmulas pretéritas de distinto signo pero caracterizadas, todas ellas, por su violación a los derechos humanos y el desconocimiento de la soberanía popular libremente manifestada.

¿En qué grupo ubicamos a nuestro país? Sin duda, en el segundo. Gozamos de un régimen democrático pero no estamos seguros de que el mismo sea inmune a los quebrantos. Lo invocamos, estamos seguros de nuestro protagonismo pero siempre tememos que los agentes distorsionantes, que nos afligen diariamente, terminen por convertirlo en una mera apariencia. Reconozcamos que nuestro país, es obvio, nunca nos ha satisfecho plenamente en esa área. Pero siempre tratábamos de hacer las cosas mejores de lo que estaban. Hoy en día, en cambio, vivimos en medio de frustraciones y desconciertos. ¿Tienen vigencia los mecanismos democráticos? ¿Quién es quien decide en este nuestro bendito país: los gobernantes libremente elegidos por la mayoría de la ciudadanía, los administradores designados legítimamente por aquellos gobernantes, los representantes del pueblo encargados de legislar y de controlar a los dirigentes sindicales emanados de una minoría dentro del cuerpo de trabajadores que, a su vez, constituye una minoría dentro del electorado nacional?

Veamos. Ancap -principal organización industrial del país- quiere asociarse con empresas privadas para mejorar su gestión. Su presidente declara que "hay que hacer válida la alianza públicos-privados pues necesitamos la colaboración de empresas interesadas en estos proyectos". Pero el sindicato respectivo se opone a este punto de vista. ¿Quién gana la puja?

Otro ejemplo. AFE planea reparar sus vías férreas con el apoyo privado. Sin embargo, consciente de la ríspida resistencia sindical, su presidente declara que el proyecto de asociación queda suspendido. ¿Quién manda en AFE? ¿Y en Antel? Hay infinidad de otros casos: motines en el INAU, ocupación de fábricas, "escraches" frente a los despachos de autoridades, amenazas de paros policiales, paros bancarios, paros municipales, paros en la educación, paros en las actividades médicas, etc. ¿Quién manda, quién resuelve en este país? ¿Para qué elegimos a quienes, después, pequeños grupos de nosotros no les reconocemos capacidad de decisión en la medida en que discrepan con nuestros proyectos?

Vivimos, pues, en medio de una ficción democrática. No es difícil hurgar en las raíces de esta situación tan irregular y chocante. Durante décadas, en efecto, el frenteamplismo fue la expresión política del sindicalismo marxista y éste, por su parte, fue la expresión sindical de aquella posición política. En aras de esa indebida conmixtión, el Uruguay sufrió una endémica ola de paros y de huelgas.

Al llegar al gobierno su alter ego político, el sindicalismo marxista, lógicamente, creyó que todas las metas que ambos socios se habían propuesto alcanzar se convertirían en realidades. Como era de presumir, ello no se produjo y, entonces, el sindicalismo le pasó la factura al frenteamplismo. Paros y más paros perturban y dividen a los cómplices desavenidos. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Qué podrá hacer el próximo gobierno -sea el que sea, cuente o no con mayoría parlamentaria- para revertir esta situación? Esta es la herencia maldita que se recibirá. No se la deseamos a nadie y, menos aun, a nuestra democracia no consolidada. A ella le agregamos una fallida reforma del Estado, que no discute los monopolios públicos, la desregulación, la desburocratización, la descentralización del sector público... un gobierno que ha librado una batalla desigual entre sus compromisos sindicales y el manejo político de la realidad.

Por desgracia, en este caso, esta herencia maldita no puede ser rechazada. Hay que cargarla en la mochila de la desesperanza del pueblo uruguayo.