El voto de aquí y allá

En las relaciones del individuo con la comunidad, los derechos y obligaciones operan como los dos platillos de la balanza, equilibrando los beneficios que la sociedad otorga al hombre -desde el amparo del marco legal hasta el ejercicio de las libertades o garantías- y confrontándolos con el compromiso que asume el ciudadano al aceptar ciertas cargas como parte de sus deberes ante el prójimo, en procura del bien común. Entre esas cargas que integran su catálogo de obligaciones, figura desde luego la carga laboral y a ella se agrega la carga familiar (alimentar, cobijar y educar a los hijos, por ejemplo) y la carga fiscal, una presión que en el Uruguay ha ido acentuándose con el paso del tiempo y que actualmente abarca famosos gravámenes, desde el IVA hasta el IRPF, cuyo impulso combinado llega a menudo hasta el fondo del bolsillo del trabajador, entre múltiples tributos con los que el ciudadano (que además es un heroico contribuyente) hace su aporte para que el Estado pueda cumplir con sus gastos y sus funciones, nada menos.

Esa reflexión es hoy doblemente oportuna, en plena campaña electoral, cuando se discute la eventualidad de aprobar y luego aplicar el voto epistolar, es decir el de los uruguayos que residen en el exterior y que hasta el momento no disponen de esa posibilidad. Entre las cartas de lector que publica la prensa, suelen leerse con frecuencia opiniones de uruguayos desde el extranjero donde hablan de recuperar su derecho al voto, hablan de las precariedades de su vida en este país como razón de su alejamiento y hablan de que solamente a través del derecho al voto dejarán de sentirse ciudadanos de segunda clase. Desde un punto de vista emocional, el planteo es algo conmovedor, pero sólo desde ese punto de vista.

Desde un enfoque riguroso, en cambio, habría que tomar en consideración todo lo que incide en el voto de un ciudadano, en sus opciones políticas, en sus entusiasmos y rechazos, en su juicio sobre gobiernos presentes y pasados, en su decisión de acompañar a un partido o a otro. En esa conducta influyen múltiples factores personales, sociales, económicos y culturales que sólo funcionan claramente (como los engranajes de una maquinaria) cuando el individuo comparte todos los claroscuros de la vida en el país, incluyendo sus estímulos y desmayos, sus mejoras y pobrezas, sus estabilidades y barquinazos, sus cambios y permanencias, sus sosiegos y violencias, entre infinidad de otros rasgos y matices que no siempre se perciben, no siempre son registrados por las crónicas y no siempre -por cierto- se adivinan desde el exterior.

Es llamativo que los uruguayos que emigraron reclamen con tanta vehemencia la recuperación de un derecho y parezcan olvidar que junto a ese derecho corren inseparablemente las obligaciones, pasando por todos los factores señalados anteriormente y que ellos han canjeado por las peculiaridades, ofertas y reglas de otras sociedades, generalmente del primer mundo, donde con toda probabilidad las ventajas comparativas deben ser más considerables que las desventajas, porque de otra manera esos compatriotas no habrían cambiado al Uruguay por Canadá, España, Australia o Estados Unidos. Ahora quieren que les devuelvan sus derechos, aunque no dicen una sola palabra sobre sus obligaciones teniendo en cuenta a un país como éste, donde la enseñanza gratuita -financiada por los sacrificados contribuyentes- les permitió adquirir una formación gracias a la cual sobreviven en el exterior.

Esos uruguayos quieren votar en medio de una situación nacional que sólo divisan a la distancia, guiándose por una visión remota y a menudo vaga de lo que pasa por aquí, pero además quieren hacerlo por un partido cuyo futuro gobierno sólo contemplarán de lejos. No pueden ser tan simplistas como para suponer que la situación interna de un país -con su endiablada complejidad y su enorme abanico de problemas- puede medirse adecuadamente desde el otro lado del océano. Claro que pensándolo bien, el voto epistolar puede ser aprobado por un sector del electorado pero luego puede ser anulado, según pasan los años, como ha sucedido en torno a la ley de caducidad, pongamos por caso. Al fin y al cabo, un voto a distancia puede ser tan problemático, tan raro y tan frío como una investigación a distancia, un diálogo a distancia, un romance a distancia, un contrato a distancia. Pero de cualquier forma, a fines de octubre la mayoría decidirá, como corresponde a las sacrosantas normas de la democracia.