El caso del conductor salteño que protagonizó un accidente con el saldo de un motociclista fallecido, reveló flancos débiles en el sistema de otorgamiento de licencias.
El conductor -aún en libertad por no estar en condiciones de ser indagado por la Justicia- tenía un procesamiento con prisión por homicidio culposo de hace una década y la inhabilitación de por vida para conducir.
Sin embargo, de un modo que aún no se explica, en 2005 había obtenido una licencia de conducir en Río Negro. El conductor, ahora imputado de una nueva muerte en el tránsito, tiene antecedentes de consumo de alcohol al volante, el más reciente de enero de este año con su licencia rionegrense.
En la Intendencia de Río Negro se informó que, de recibir formalmente la denuncia, se iniciará una investigación interna. No se sabe aún, indicaron, si la licencia exhibida por el conductor salteño es oficial.
Según consultas realizadas por EL PAÍS digital a varias comunas, los criterios para la expedición de licencias todavía no se han unificado. Desde el Ejecutivo se impulsa la aprobación en las juntas departamentales de un código común de normas.
En Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Paysandú y Salto se trabaja en esta línea. Otros municipios, como los de Durazno y San José, recurren sistemáticamente al banco de datos del Congreso Nacional de Intendentes, al que se notifican las infracciones graves, los retiros de licencias y las inhabilitaciones.
Sin embargo, otros municipios reconocen sus vulnerabilidades en la materia.