Innovar para mejorar

PABLO DA SILVEIRA

Imaginemos una etapa de siete años de experimentación institucional y pedagógica, durante la que podamos ensayar nuevas ideas en un número relativamente amplio de establecimientos (por ejemplo, el 10% de los centros de enseñanza primaria y media pública). El lapso de siete años impide que la etapa de experimentación coincida con un período de gobierno: en el punto de partida, nadie sabe quién estará al mando cuando llegue el momento de hacer el balance y generalizar propuestas. La delimitación del área de aplicación evita, por su parte, que nos enfrasquemos en los grandes conflictos que se generan cada vez que se quiere introducir cambios en el conjunto del sistema.

Si pudiéramos ponernos de acuerdo en algo así, ¿en qué manos deberíamos poner su ejecución? La única respuesta posible consiste en decir que debemos ponerla en manos de ANEP, tal como establece el artículo 202 de la Constitución de la República. Pero, si no tomamos ninguna otra medida, corremos el riesgo de que el período de experimentación termine saliendo de la órbita de atención de las autoridades centrales (que deben atender todo el tiempo a múltiples requerimientos), o bien que sea fácilmente bloqueado o debilitado por quienes se oponen a los cambios.

En cualquiera de esos casos, la etapa de experimentación quedaría reducida a un asunto puramente declarativo.

¿Cómo evitar estos riesgos? Un primer paso consistiría en crear una Unidad de Experimentación Educativa que funcione dentro de la órbita de ANEP, pero con un amplio margen de autonomía. Su tarea consistiría en crear las reglas para adjudicar el 10% de centros "experimentales", convocar a concursos en los que se seleccione a quienes los tomarán a cargo, concretar la adjudicación y asegurar el financiamiento de las nuevas experiencias.

Esta Unidad podría adoptar varias formas jurídicas. Podría tratarse de una Dirección dentro de ANEP o, más ambiciosamente, de un nuevo Consejo Desconcentrado. Pero lo importante es asegurarle un amplio margen de maniobra. Una manera de hacerlo consistiría en establecer una "cláusula de manos atadas" (o, como a veces se la llama, una "cláusula Ulises", en alusión a un célebre episodio de la Odisea en el que Ulises se hace atar al mástil de su propio barco).

En esencia, se trata de un compromiso público que hacen los miembros del Codicen (idealmente, en el momento de ser designados), de no interferir con las decisiones de la Unidad salvo que se incurra en ineptitud, omisión o delito.

Otra manera de asegurar esa autonomía consistiría en que el Parlamento apruebe partidas destinadas a ANEP pero sólo ejecutables en la medida en que se les dé ese destino. Esta clase de decisiones tienen antecedentes en nuestra enseñanza. Por ejemplo, el Parlamento ha aprobado partidas sólo ejecutables en la medida en que se destinaran a la construcción de aulas de informática. Al igual que en el caso anterior, el propósito de estas medidas no es debilitar a las autoridades centrales de la enseñanza, sino fortalecerlas: al quedar comprometidas de este modo ante la ciudadanía, se vuelven menos vulnerables a las presiones corporativas.

Un último componente del programa consistiría en instalar una agencia de evaluación externa, que mida regularmente los resultados que obtienen los centros experimentales y los compare con los del resto del sistema educativo. Rendir cuentas sigue siendo una de nuestras principales carencias.