Menores: hasta 10 años de pena y responsabilidad de los padres

SEBASTIÁN CABRERA

El nuevo régimen penal para menores infractores que propone la fórmula blanca volvió a poner sobre el tapete el tema de la baja en la edad de imputabilidad. La pena máxima de prisión pasaría de cinco a diez años, bajo el derecho penal juvenil.

En el restaurante García, ubicado en pleno Carrasco en la avenida Arocena, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga terminaron de acordar, el miércoles al mediodía, la propuesta referida a la Guardia Nacional y los menores infractores, dos puntos donde había notorias diferencias. Allí se acordó un agravamiento de las penas para los menores infractores y que el proyecto incluya responsabilidad penal para los padres.

La fórmula blanca consultó a sus respectivos asesores y Larrañaga, por ejemplo, habló en los días previos con el abogado Juan Andrés Ramírez, uno de los encargados de su programa de seguridad pública.

El contenido del proyecto blanco será anunciado formalmente el lunes o martes. En los hechos, no habrá una estricta baja en la edad de imputabilidad, la propuesta original de Lacalle. A los adolescentes infractores de 13 a 18 años se les seguirá aplicando el Código de la Niñez y la Adolescencia hoy vigente y los casos seguirán en los juzgados de menores, según explicó Larrañaga a El País.

Una de las novedades del nuevo sistema será el agravamiento de la responsabilidad para los adolescentes de 16 a 18 años que cometan delitos tipificados como gravísimos por el Código (homicidio, violación, secuestro o rapiña, entre otros). El juez podrá imponer una pena de hasta diez años de reclusión: hoy el máximo de la pena es de cinco años.

De 13 a 16 años, los adolescentes se mantendrán bajo el sistema actual y podrán ser punibles con hasta cinco años de prisión si cometen delitos culposos. Esos adolescentes seguirán recluidos en los centros del INAU.

No es el caso de los infractores de 16 a 18 años, que irán a un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación del Adolescente Infractor, separado del INAU y bajo el actual Ministerio de Desarrollo Social (futuro Ministerio de la Familia si gana Lacalle). Desde el Partido Nacional, se afirma que -más allá de la rehabilitación- la clave estará en ser más efectivos en la retención de los menores y que no haya constantes fugas.

En Unidad Nacional (UNA) consideran que hay unos 200 adolescentes infractores muy peligrosos y Lacalle afirmó durante la campaña electoral para las elecciones internas que la propuesta es "sacar de circulación" a los menores de 18 años que cometen delitos graves e intentar "recuperarlos".

"No pueden ir presos, pero sí cambiar de sexo sin permiso de sus padres", alertó Lacalle en la campaña. "¿Cuál es el prurito?", preguntó. Dijo que "la sociedad entera pide que la baja de la imputabilidad se adopte".

Ayer, Larrañaga indicó a El País que, más que entrar en la discusión sobre bajar o no la edad de imputabilidad, se acordó un agravamiento en la responsabilidad penal del adolescente infractor. Dijo que se trata de un camino intermedio entre la propuesta original de Lacalle y la suya. "Hubo criterios razonables de amplitud de las dos partes", explicó.

MEDIDA. La propuesta blanca también abarcará la responsabilidad a padres. De hecho, Larrañaga tomó un proyecto presentado por el diputado Sergio Botana, según explicó el legislador a El País. La idea es hacer responsables a los padres cuando sus hijos cometan delitos previstos con pena de penitenciaria en el Código Penal.

En tales casos, los padres serán llamados por el juez y tendrán que defenderse de la acusación por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Cuanto más grave sea el delito, mayor será la omisión en que haya caído el padre.

Si los blancos llegan al poder, necesitarán mayorías parlamentarias para aprobar estas leyes y deberán negociar con los colorados. El candidato colorado Pedro Bordaberry ha planteado la baja en la edad de imputabilidad a los 16 años para los hechos de sangre. Bordaberry también propone responsabilizar a los padres que retiran a los menores de los juzgados y de las comisarías, medidas contra los mayores que usan menores para delinquir y no borrar los antecedentes de los menores cuando llegan a 18 años.

DEBATE. El catedrático Miguel Langón, que apoya la baja en la edad de imputabilidad, cree que la propuesta blanca es un avance: "Se puede probar si tiene efectividad y luego eventualmente severizarla o flexibilizarla". Pero Langón advirtió que deberá haber "seriedad" en el manejo de los menores recluidos para que no se fuguen y se mantengan en la situación "que el juez los puso".

Y apuntó que deberían incorporarse los antecedentes para que, cuando se juzgue a un adulto, se tenga en cuenta si cometió un homicidio cuando era adolescente. "La persona no nació virgen del vientre de la madre a los 18 años", indicó.

En cambio, el defensor de Oficio de Menores Infractores, Guillermo Payseé no cree que sirva de algo agravar las penas o bajar la edad de imputabilidad. Preguntó si hay una visión estudiada de futuro o se trata de "talenteos políticos antes de una elección, para juntar votos con todos los que están asustados frente a los delitos de los adolescentes". "¿Se cobra al grito de la tribuna?", alertó.

Con respecto al nuevo instituto que se plantea, Payseé cree que es importante que no se fuguen los infractores y que no haya problemas de hacinamiento, como pasa con los mayores". También preguntó quiénes trabajarán en el instituto de rehabilitación: "¿Los mismos que no dan abasto en el INAU?".

En la misma línea, el abogado penalista Diego Camaño, que integra el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), advirtió que agravar la pena no sirve para resolver la delincuencia.

Camaño apuntó que debe mejorarse la respuesta del Estado para los jóvenes internados, en lo relativo a la gestión y los medios: "Si mejora eso, ya se avanza bastante". Camaño está en contra de la baja en la edad de imputabilidad porque entiende que no soluciona los problemas: "Eso es parte del error de pensar que hoy no existe una respuesta penal para los jóvenes". (Producción: Daniel Isgleas y Eduardo Delgado).

Guillermo Payseé es uno de los cuatro defensores de oficio de menores infractores. Defiende a más de 600 adolescentes por año, unos 3.000 en cinco años. Su experiencia indica que desde que se empezó a aplicar el actual Código de la Niñez en septiembre de 2004, solo tuvo un caso que terminó con pena máxima de reclusión, prevista en cinco años. El joven es de Maldonado, participó en un homicidio y está recluido en el hogar Cimarrones. En muchos casos, sí se aplican tres o cuatro años de reclusión, dijo Payseé. Los blancos proponen elevar a diez años la pena máxima a menores. La defensoría de oficio atiende el 95% de los menores infractores.

En Uruguay, hoy por hoy el sistema para los adolescentes de 13 a 18 años tiene una pena máxima de cinco años de reclusión. Esa pena es muy cercana a los estándares del Comité de Derecho del Niño, explicó a El País Luis Pedernera, que integra ese organismo de la ONU.

Pedernera explicó que el comité de la ONU sostiene que se tiene que fijar un régimen penal especial para los menores desde una edad no menor a los 12 años -y siempre tendiendo a que sea más alta- hasta los 18 años, pero siempre con el norte que la privación sea excepcional "y por el menor tiempo posible".

Ese comité destaca que los tiempos de privación de libertad de los adultos no se pueden comparar con el de los niños o los adolescentes, sostuvo el activista.

En Argentina, no hay ley de responsabilidad juvenil y actualmente se discuten varios proyectos disimiles en ese sentido. En ese país no existe un criterio de mínimo y máximo para la reclusión de menores y es el único país en América Latina con niños condenados a cadena perpetua.

En Chile, el sistema penal juvenil establece una pena máxima de quince años, lo cual fue observado por el Comité de Derechos del Niño.

En Brasil existe el Estatuto de la Crianca, que no fija plazos determinados de privación de libertad pero establece un máximo de tres años. Según Pedernera, el sistema brasileño tiene los componentes de los estándares de la Convención sobre Derechos del Niño, "puesto que la privación de libertad es excepcional y por el menor tiempo". En ese caso, la medida establecida en el Estatuto de la Crianca "está fijada en un plazo máximo de tres años y puede ser modificada por otra siempre, incluso por la libertad".

El experto agregó que Costa Rica es considerado como un país con buenos estándares, pero tiene un máximo de quince años de privación de libertad, lo que también ha sido objeto de comentarios del Comité de Derechos el Niño de Naciones Unidas.

SITUACIÓN. Con matices, a nivel internacional la doctrina contemporánea en general aplica un derecho penal juvenil garantista y un sistema "elástico" que intenta rehabilitar a los menores, explicaron a El País varios expertos. En muy pocos países se aplica a los menores el derecho penal de los mayores, sino que existe un derecho juvenil específico.

De todos modos, hay países donde está a disposición el juicio de discernimiento: un sistema donde el juez en cada caso concreto evalúa si el menor es sometido al sistema penal de adultos o al sistema específico juvenil, en casos muy graves. Se evalúa si el menor infractor comprendió lo que hacía cuando cometió el delito, igual que lo hace un adulto.

"La Convención de los Derechos del Niño fija estándares a seguir. Por ejemplo, que todos los Estados tengan sus sistemas de responsabilidad penal juvenil para los adolescentes, pero no para los niños, que no pueden ser imputados", explicó a El País el abogado penalista Diego Camaño.

89% Lectores de El País Digital que opinaron ayer a favor de bajar la edad de imputabilidad. Votaron 537 entre las 10 y las 18 horas.

Diego Camaño (ielsur)

"El sistema penal juvenil no puede parecerse al sistema de adultos. Cinco años de reclusión es bastante tiempo para un adolescente. Es diferente para un muchacho de 13 que uno de 20".

Jorge Larrañaga, candidato a vice

"Pondremos el acento en la rehabilitación. Pero tenemos que asegurar el cumplimiento de los fallos y la reclusión. Los menores no pueden entrar por una puerta y salir por la otra".

Miguel Langón, Catedrático

"Hoy se considera discriminatorio hablar de delincuencia juvenil, eso es jugar con las palabras. El tema es ser efectivos: que esos menores no ofendan a la sociedad, pero se recuperen".

Sistema vigente

Hoy los menores de 13 años son inimputables penalmente, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia. De los 13 a los 18 años, los adolescentes infractores son imputables, aunque de forma diversa a los adultos. Se les aplica el derecho penal juvenil, con jueces especiales, pena máxima de cinco años de prisión en cárceles de menores, sin mínimo de pena y mayor discrecionalidad del juez a la hora de dosificar la pena prevista. A los menores solo se los puede sancionar por delitos "dolosos" consumados. En la tentativa y en los casos de complicidad, los menores son punibles solo en delitos gravísimos. En los delitos culposos, el juez puede aplicar o no prisión. El sistema penal juvenil también permite que el juez aplique una amplia gama de penas alternativas en función de la inmadurez del menor o su capacidad de daño. A partir de los 18 años -salvo inimputabilidad provocada por causas patológicas o accidentales (locura o ebriedad, por ejemplo)-, la persona responde penalmente. El Código Penal para los adultos establece un piso mínimo de años de cárcel y un "techo" más alto que en el Código de los menores.

Propuesta blanca

El nuevo régimen penal para los adolescentes infractores que propone el Partido Nacional incluye nuevas franjas y reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia. De los 13 a los 16 años, la arquitectura jurídica se mantiene como en la actualidad y se sigue aplicando el régimen vigente, bajo la intervención del INAU. Para los menores de 16 a 18 años, y solamente en casos de delitos "gravísimos" (homicidio, lesiones gravísimas, violación, rapiña, privación de libertad agravada, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes, además de la tentativa de homicidio, privación de libertad y de secuestro) el juez de menores estará facultado a aplicar una pena de hasta 10 años de prisión (y no la pena máxima de cinco años, vigente en la actualidad). Además, los blancos plantean la creación de un Instituto Nacional de Rehabilitación Adolescente, en forma totalmente separada del INAU y dependiente del futuro Ministerio de la Familia (hoy Ministerio de Desarrollo Social). El objetivo es que ese instituto tenga medidas más fuertes de detención para que no haya fugas, además de medidas concretas de rehabilitación para intentar recuperar a los adolescentes infractores.