El plenario de la Cámara de Senadores analizará mañana el proyecto de ley presentado en diciembre de 2008 por el Poder Ejecutivo y que introduce una serie de cambios a la legislación actual contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La iniciativa, que figura en el primer punto del orden del día de los temas a tratar, fue aprobada la semana pasada por la Comisión Especial sobre Lavado de Activos, donde se realizaron algunas modificaciones en cuanto a la redacción desde el punto de vista jurídico, pero no se realizaron cambios en cuanto al procedimiento propuesto.
El titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, dijo a El País que la entrada en vigencia de la nueva legislación es "clave" para desarrollar las políticas contra el crimen organizado porque representan un "gran avance" en la temática.
El proyecto, que actualiza varios aspectos de la ley vigente desde septiembre de 2004, crea la figura del "agente encubierto" y amplía las facultades del Banco Central del Uruguay (BCU) para controlar toda transferencia sospechosa.
Además, establece un sistema de protección de víctimas, testigos y colaboradores, amplía la nómina de delitos vinculados al lavado de dinero y el terrorismo, y agrega en la lista de los que tienen que informar al BCU de movimientos sospechosos de dinero a los escribanos, rematadores y explotadores de zonas francas.
Gil Iribarne dijo que la intención es que la propuesta sea aprobada cuanto antes por ambas cámaras para que esté en vigencia antes de fin de año. Si bien existe voluntad política para tratar el tema con celeridad, el jerarca dijo que la iniciativa no está "cerrada" y que puede ser mejorada.