Planes blancos apuntan a cárceles y dignidad policial

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DANIEL ISGLEAS

La situación de inseguridad pública ha colocado el tema en los primeros planos de la atención de los precandidatos en campaña, especialmente los de la oposición blanca con propuestas que coinciden en varios puntos.

Mudar a los policías de las "zonas rojas" donde conviven con la delincuencia, dignificar la profesión policial, una política carcelaria duradera, y restablecer el resignado principio de autoridad, forman parte de los objetivos fijados en los programas de gobierno de Alianza Nacional, el sector que impulsa la precandidatura de Jorge Larrañaga, y Unidad Nacional, que respalda a Luis Alberto Lacalle.

Larrañaga propone, además crear una guardia nacional con efectivos militares especializados para combatir el delito, en particular la droga.

Unidad Nacional, por su parte, apuesta a lograr un acuerdo interpartidario sobre dos asuntos: política carcelaria y dignificación de la policía. Los lineamientos principales de su programa muestran a esos dos temas en lugar preferencial. La idea es buscar el apoyo de los otros partidos para elaborar una política carcelaria para diez o quince años que trascienda a las próximas administraciones.

Cárceles chicas. Por ejemplo, lo que se procurará impulsar a partir del programa de gobierno de este sector es la construcción mediante concesión de obra pública de una serie de establecimientos penitenciarios de dimensiones reducidas en los que se aloje a los presos de acuerdo con la trascendencia de los delitos, dijeron a El País integrantes del equipo técnico que elaboró la propuesta.

Así, de acuerdo con esta iniciativa, se planteará la conveniencia de seleccionar la ubicación de esos presos en función de la entidad de los delitos, analizando si tienen condena o no, o si son primarios, entre otros conceptos, de forma tal de lograr mayores niveles de recuperación en la población carcelaria.

Los especialistas que asesoran a Lacalle en la materia apuntan a reformar la situación actual del sistema carcelario modificando la legislación. En particular, se anuncia la creación del Instituto Nacional Carcelario, un organismo descentralizado del Ministerio del Interior bajo el cual funcionarán los establecimientos de detención.

Larrañaga también propone que los nuevos establecimientos no tengan más de 500 plazas, a fin de que sean "manejables" en casos extremos, según establece su propuesta programática.

De forma inmediata, apelará al uso de locales pertenecientes al Estado y unidades militares, algo en lo que, a su vez, coincide con lo que ahora está implementando el gobierno.

Dignidad El otro aspecto del acuerdo interpartidario que plantea la propuesta de Lacalle es la dignificación de la función policial. Se subraya que el tema no pasa solamente por lo salarial, sino por la acentuación del principio de autoridad de acuerdo a Derecho, los niveles de moralidad, la asistencia sanitaria para el policía y su familia, etc.

La propuesta de Larrañaga es coincidente en este aspecto, ya que el programa considera la necesidad de revertir el "deterioro" que de ese principio hubo durante este gobierno.

Las propuestas de Lacalle y Larrañaga coinciden en la integración al salario de lo percibido por concepto de Servicio 222, para que, sin afectar la economía de los policías, se permita que se hagan aportes a la Caja Policial por este ingreso y se incorpore a la pasividad.

También coinciden en la necesidad de examinar el despliegue territorial de la policía, reformulando la cobertura territorial de las comisarías de Montevideo.

En la propuesta de Lacalle, se busca recuperar la imagen de la policía frente a la opinión pública y a la vez lograr una reciprocidad en la consideración de la ciudadanía. La propuesta plantea rescatar el principio de autoridad dentro del derecho, y reducir los tiempos de respuesta a los auxilios solicitados.

En cuanto a las funciones, el programa se propone generar una cultura de calidad en el servicio policial, y establecer un sistema de denuncias, quejas, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de los servicios.

Lacalle y Larrañaga comparten preocupación por la convivencia de los policías con los delincuentes en las zonas marginales de la ciudad. Por eso, la iniciativa de Lacalle incluye un plan de viviendas para el personal policial que perciba las menores remuneraciones.

En el mismo sentido, la propuesta de Alianza Nacional comprende un capítulo sobre la motivación del personal, en el cual destaca la iniciativa de identificar al personal que con su familia viva en contextos socioeconómicos críticos (zonas rojas), y permitirles mudarse mediante planes de vivienda apoyados por créditos públicos.

El plan de Larrañaga demanda llevar al 2% del PBI el gasto público en materia de seguridad porque el actual nivel de asignación de recursos se considera inconveniente.