Hasta el próximo motín

ALEJANDRO NOGUEIRA

La cuestión carcelaria le estalló en la cara al gobierno con el informe Nowak en plena campaña electoral, con la ministra políticamente escorada -aunque atornillada a su asiento gracias a los reclamos de que la renuncien-, y con la oposición dispuesta a golpear en cualquier flanco oficial, por más tejado de vidrio que tenga en este tema.

"Nadie es profeta en su tierra", puede decir el comisionado parlamentario Álvaro Garcé que viene informando de este colapso carcelario hace años ante la indiferencia del sistema político y del gobierno.

La administración del Frente Amplio, al igual que los anteriores gobiernos, decidió no invertir en cárceles, a lo que se fue sumando el endurecimiento de la penas, los delitos conexos con la pasta base, el obsoleto y vergonzante proceso penal, que encarcela sin condena por largos períodos, el timorato uso judicial de las medidas alternativas.

El capítulo carcelario es parte del libro de la seguridad ciudadana que, por alguna extraña razón tiene una gran importancia electoral, pero muy poca consideración presupuestal en este y en anteriores gobiernos. La fabricación en masa de delincuencia en las cárceles uruguayas es violencia en la calle, contra las personas y contra la propiedad, igual o peor que la nueva delincuencia joven del "paco".

Los salarios aún paupérrimos de los policías, el 222, los escasos recursos preventivos y represivos generan, - entre actos policiales heroicos y procedimientos exitosos-, ineficiencia, corrupción, y un nivel de capacitación de los funcionarios cada vez más carenciada.

Nowak nos avisó y el presidente reaccionó ante un Consejo de Ministros en el que faltó sin aviso la ministra del ramo, - que a esa hora saludaba a los Bomberos-, y que había respondido displicente al informe del relator de la ONU sobre Derechos Humanos haciendo hincapié en que lo había invitado el gobierno, que fue a donde quiso a investigar y que a los presos les gusta llamar la atención cuando tienen este tipo de visitas de extranjeros. Tourné superó al más conservador de los ministros del Interior que pudimos haber tenido en la historia del país y, en un tema tan caro para la izquierda como el de los derechos humanos, respondió con dolorosa ligereza.

El hacinamiento carcelario, su potencial conflictivo y de violencia no eran desconocidos ni para Tourné ni para este gobierno. Tampoco para los anteriores. No se hizo más porque se decidió no gastar en eso. Al parecer pesan más las opiniones ciudadanas que dicen sin ambages que quieren que los delincuentes se pudran en la cárcel y que no están dispuestos a pagar un peso más por esas vidas, que las de los lastimados por la violencia que exigen más mano dura. A menudo esas opiniones ciudadanas salen de las mismas bocas.

Ahora, a las apuradas, se juntarán algunas centenas de presos para llevarlos a Punta de Rieles y otros puntos, sean o no peligrosos, haya o no condiciones edilicias, de seguridad, de personal idóneo, de técnicos, para abrir nuevas sucursales de iniquidad.

Se recolocarán presos al boleo de los 1.700 que sobran en las vergonzantes cárceles uruguayas y el tema volverá a extinguirse, al menos hasta el próximo motín.