Traslado: será del 20% de presos, sin evaluar peligrosidad con rigor

E. BARRENECHE / A. NOGUEIRA

El Ministerio del Interior anunciará la semana próxima un plan para reducir un 20% el hacinamiento en Comcar y Libertad, entre otros. La peligrosidad no podrá ser evaluada con rigor por falta de tiempo y personal. Son muy pocos los de bajo riesgo.

El plan está virtualmente listo, dijeron a El País fuentes del Ministerio del Interior que pidieron reserva de su nombre. Supone el traslado de entre 600 y 800 reclusos, no solo al penal de Punta de Rieles. También se planifica alquilar u obtener de reparticiones del Estado cinco casas para alojar los presos de mayor edad y los que no representen peligrosidad a razón de 30 o 40 presos por establecimiento. No obstante, son pocos los reclusos añosos. La edad promedio entre los reclusos del Comcar y el penal de Libertad es de 30 años. En ambos casos los mayores de 46 son solo el 7% y los mayores de 60 muchos menos, dijeron las fuentes.

El cronograma del plan será definido en una próxima reunión del "gabinete de seguridad", que está integrado por los ministerios de Interior, Defensa, Desarrollo Social y Economía. En un principio este grupo se iba a reunir este fin de semana pero se indicó que probablemente se posponga para la semana entrante.

Peligrosidad. La intención es llevar a Punta de Rieles a internos penados a los que les falten dos años para cumplir su condena, a procesados con delitos leves (hurtos) y los que se prevé saldrán con caución juratoria, una especie de libertad condicional.

La determinación legal y técnica acerca de la peligrosidad de los reclusos está a cargo de Instituto Nacional de Criminología, pero hace años que este organismo no realiza estas evaluaciones por falta de recursos y personal.

"El Ministerio del Interior no tiene una evaluación del nivel de peligrosidad de los reclusos, ni una distinción entre los que son "livianos" y "pesados". La mayoría de los reclusos no están clasificados", dijeron a El País fuentes estrechamente vinculadas a los temas carcelarios.

Una definición de presos "trasladables" a centros de menor seguridad "solo puede hacerse mirando en las planillas y evaluando los delitos cometidos, el tiempo que llevan presos, si son o no primarios, si tienen salidas transitorias autorizadas", se indicó.

Por otra parte, se señaló que los presos de "mínima peligrosidad" son "la absoluta minoría". Hoy domina en la actual población carcelaria los de "seguridad media".

Plazas que sobran. La ausencia de presos de baja peligrosidad se pone en evidencia en los números de población reclusa de los centros dedicados a estos detenidos.

El Centro Nacional de Rehabilitación N° 1 (CNR), ubicado en el ex hospital Musto, es un buen ejemplo del problema. Allí se desarrolla un proyecto piloto que se inició con un financiamiento del BID bajo la administración Batlle para la rehabilitación de presos de baja peligrosidad y alta capacidad de reinserción social. Bajo la actual administración la mayoría de los funcionarios y técnicos fueron contratados con sueldos muy superiores a los cargos presupuestados similares en el Ministerio del Interior. Y en el CNR, según datos oficiales de 2008, hay 300 plazas pero solo 112 reclusos, lo que indica que son pocos los detenidos que aplican para este tipo de establecimiento. Algo similar ocurre con la llamada "La Granja", lindera al Penal de Libertad (el Centro de Rehabilitación N° 2), y en La Tablada. En el primer establecimiento hay 100 plazas y 39 reclusos y en el segundo 179 presos y 190 plazas.

Asimismo, hay plazas en otros centros que tienen sus particularidades, como la Cárcel Central donde hay 100 plazas y 72 reclusos y en la cárcel de Domingo Arena (Unidad N° 8) en la que están los militares con procesos por violaciones a los derechos humanos, donde hay 11 detenidos y 18 plazas.

En total, en los establecimientos hoy existentes hay unas 260 plazas libres en centros de baja peligrosidad y otras 37 entre Cárcel Central y Domingo Arena.

Esto plantea que los nuevos establecimientos que se habiliten para trasladar reclusos "deban cumplir con los requisitos de seguridad media", que es la situación de la amplia mayoría de los presos, lo que supone importantes inversiones. Por ello, la habilitación rápida de Punta de Rieles "solo podría hacerse para presos de mínima seguridad". De lo contrario hay que aumentar los gastos en infraestructura y personal, señalaron las fuentes.

Personal. En relación con el personal que se ocupará de los presos trasladados las versiones consultadas en el Ministerio del Interior son contradictorias.

Por un lado se señaló que pronto ingresarán 100 nuevos guardia-cárceles formados en la escuela penitenciaria dependiente de la Dirección Nacional de Cárceles. Se admite, sin embargo que el problema se encuentra en el llenado de otros puestos como médicos, técnicos, enfermeros y personal de servicio, lo cual obligará al Estado a realizar un rápido llamado o apelar a una redistribución de funcionarios.

Sin embargo, otras fuentes consultadas señalaron que la premura de realizar estos traslados choca con la ausencia de funcionarios con un mínimo de capacitación para atender los nuevos centros.

"Se está actuando tarde porque estas medidas debieron incluirse en Rendición de Cuentas", se indicó. "Por otra parte no es posible "inventar" funcionarios para hacerse cargo de estos presos por peor que sea nivel que se esté dispuesto a aceptar. Los malos funcionarios que se producen actualmente, cuando se presenta gente a trabajar en las cárceles, demoran unos 3 meses en capacitarse. Si se siguen bajando las exigencias esto traerá nuevos problemas", se advirtió.

El informe elaborado por el relator de la ONU Manfred Nowak además de cuestionar severamente la condición de las cárceles en Uruguay, criticó el hecho de que exista un elevado número de presos que, a pesar de estar en prisión, todavía no tienen condena. De acuerdo con el estudio realizado por el especialista, el 65% de los reclusos no tiene sentencia de primera instancia.

Sin embargo, desde el Poder Judicial, se afirma que la forma en que Nowak realizó el cálculo, no es correcta. "Los números que el relator manejó son exactos en cuanto a que toma a todos los procesados, pero me parece que no es correcto analizar el tema de esa manera", dijo a El País el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux. El magistrado explicó que, en virtud de que en promedio, los procesos penales tienen una duración aproximada a los 14 meses, "no se puede pretender que quien fue procesado ayer tenga condena hoy".

Por eso, Larrieux dijo que "para hacer una estadística más exacta" habría que considerar los casos sin contabilizar los procesados en los últimos 14 meses. De esa forma, la SCJ llega a la conclusión de que los detenidos sin condena son el 38% del total de la población reclusa.

El presidente de la SCJ consideró, sin embargo, que con el actual sistema penal no es posible aspirar a que se registre una rebaja importante de los presos sin condena, porque bajo el actual sistema difícilmente la duración de los procesos sea menor a los 14 meses. "A menos de eso no podemos aspirar porque habría que reducir mucho la primera instancia penal, y por eso es razonable los plazos que se están manejando", explicó Larrieux.

Actualmente, la comisión que evalúa la reforma del Código del Proceso Penal analiza los últimos detalles del proyecto que presentará al Parlamento próximamente. Se propone que los juicios sean orales, públicos y con un sistema acusatorio en el que la Fiscalía llevará adelante la investigación, lo que permitirá disminuir sensiblemente la duración de los procesos.

10 Años de cárcel llevan algunos reclusos sin condena, se señala en el Ministerio de Interior poniendo énfasis en la cuestión judicial.

400 Es el número estimado de presos que ya cumplieron dos tercios de la pena y saldrían en libertad si la Justicia fuera más rápida