Un hecho que es grave y oscuro

Gustavo Penadés

La semana pasada nos enteramos de la contratación que ANTEL realizó del novio de la boxeadora Chris Namus para trabajar como guardaespaldas de su Vicepresidente. Inmediatamente se vinculó el hecho a la pública militancia vazquista y frentista de la deportista. Pero, ante los elementos surgidos posteriormente, los nombres carecen de importancia.

Estamos ante hechos de extrema gravedad. Un Ente estatal contrata a dos personas para proteger la integridad física de un integrante de su Directorio; una de ellas con destreza en el manejo de armas de fuego. No son choferes o secretarios, sino personas que hacen de la protección de las personas su profesión.

Surgen un sinfín de preguntas. En primer término: ¿Cómo es posible que, tratándose de un jerarca público objeto de amenazas o agresiones, no sea el Ministerio del Interior quien asuma su custodia? No es admisible que la seguridad del gobernante sea asumida por un servicio 222 o por personal privado. ¡Sería como si la Suprema Corte contratara personal para proteger a su Presidente!

Sumado a lo anterior: ¿ANTEL es amenazada por un complot de características mafiosas? ¿Es el Ente objeto de la acción de grupos delictivos que presumimos sofisticados en tanto pueden acosar al Vicepresidente utilizando armas con mira telescópica? Si así fuera: ¿es un complot de grandes proporciones que podría incluso amenazar las comunicaciones nacionales? ¿Dispondría ese grupo delictivo de capacidad para amenazar o eventualmente atentar contra la infraestructura del Ente? Y, continuando con la línea de razonamiento y confirmados los anteriores extremos: ¿No enfrenta Uruguay una gravísima amenaza a su seguridad nacional que impondría la intervención de los Ministerios de Defensa y de Interior?

Detengámonos ahora en otras interrogantes. ¿Cuáles son los motivos por los que el Vicepresidente de ANTEL está siendo objeto de amenazas y agresiones? ¿Qué intereses está manejando; qué decisiones debe adoptar? ¿A quiénes beneficiaria o perjudicaría con las mismas? ¿Se trata de grupos económicos o de personas individuales? ¿Presume o sabe quién o quiénes son? ¿Nacionales o extranjeros? ¿Qué sucede al respecto con los otros integrantes del Directorio? ¿Atraviesan por el mismo calvario que su colega? ¿Se contrató seguridad también para ellos? ¿Enteró el Directorio al Poder Judicial? ¿Está éste investigando?

Una de las hipótesis agitadas, no sabemos si con intención de relativizar la trascendencia de los hechos o porque ciertamente se la acepta, es la que los vincula a las relaciones que mantiene el Vicepresidente (no sabemos qué pasa con el resto del Directorio) con SUTEL. Entonces ¿se está acusando a SUTEL de disponer, además de la capacidad, de la voluntad necesaria para llegar a utilizar armas (además, sofisticadas); robar información del domicilio del Vicepresidente y amenazar a su familia? Por nuestra parte, descartamos la hipótesis por descabellada.

Por donde se lo mire, y en cualquier hipótesis, todo lo que pasa es muy oscuro.

Sin perjuicio de las acciones parlamentarias, estamos convencidos de que el Ministerio Público habrá tomado, aunque sea de oficio, intervención; y, aguardamos que pronto se arroje luz sobre situaciones gravísimas y cuyas derivaciones son imprevisibles.