Los sindicatos públicos prevén más conflictividad por ajuste

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Los trabajadores públicos salen a la calle a presionar al gobierno para obtener mejoras salariales que, en este año de crisis económica de efectos inciertos, les aseguren no perder salario. En este escenario tenso, prevén un aumento de la conflictividad.

"La conflictividad se va a elevar producto de las acciones del Poder Ejecutivo", alertó a El País el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

Ello es consecuencia de que la negociación entre los sindicatos públicos y el gobierno se ha enturbiado ante la falta de sintonía a la hora de discutir por el ajuste salarial de enero. Y en ese contexto, los trabajadores saldrán a la calle para acercar sus demandas a la opinión pública y enviar un mensaje fuerte al gobierno.

La dirección de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se reunirá este mediodía para terminar de dar forma al plan de acción que elevará a la asamblea de la organización, convocada para este miércoles. De todas formas, la primera medida de la estrategia sindical consiste en una movilización que podría efectuarse "casi seguramente" este jueves 19, adelantó el secretario general de COFE, Joselo López. Esta acción coincidiría con la reunión que ese día tendrán los funcionarios de COFE con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi.

El encuentro servirá para que los trabajadores le planteen al jerarca ministerial lo que ven como violación del convenio salarial. Esto supone una primera etapa hacia la denuncia al Estado por el incumplimiento del acuerdo, dijo López. COFE ya se ha asesorado con abogados constitucionalistas para definir los caminos para la presentación del recurso.

Los trabajadores dicen que para no sufrir una pérdida salarial y alcanzar la recuperación del 17,5% fijada para enero pasado, deben recibir un ajuste de 11%. El gobierno ha concedido hasta ahora un 7,12% y propuso un ajuste adicional en abril retroactivo a enero, primero de hasta un 4% (aceptado por COFE) pero luego adujo complicaciones para la aplicación de la fórmula por lo que varió la cifra a un 2% "al barrer", que fue descartado por los sindicalistas.

entes. Mientras tanto, la otra rama de funcionarios del Estado -aquellos que se desempeñan en las empresas públicas, nucleados en la Mesa de Entes (MSCE)- realizará también este jueves una concentración en la torre de Antel y desde allí marcharán hasta la sede del Ministerio de Economía a fin de solicitarle una entrevista al titular de la cartera, Álvaro García.

En el caso de los entes, el gobierno otorgó un aumento del 6,5% y propuso un adicional que pasó de hasta un 4% a un 1% general, lo cual fue rechazado por la Mesa de Entes.

conflictividad. Las manifestaciones callejeras no fueron planificadas ni se realizarán de manera conjunta aunque ello no implica que a futuro no se puedan orquestar acciones que congreguen a todo el sector público, dijo a El País el coordinador de la Mesa, Leonardo Pietrorioa. En cualquier caso, las movidas de los públicos implicarán la movilización de un sector que representa a más de 40.000 trabajadores.

López insistió en la necesidad de que los sindicatos salgan a la calle ya que se ha "incumplido el convenio".

Las medidas serán más duras en tanto la reacción del gobierno al planteo sindical no sea satisfactoria. Así, se prevé la posibilidad de aplicar un paro de 24 horas en todas las dependencias de la administración pública si la negociación sigue estancada. Además se realizará una "gran asamblea de todos los trabajadores" públicos (aún sin fecha) para definir cómo sigue el conflicto y se trabajará junto al Secretariado del Pit-Cnt para evaluar la situación.

Pese a ello, López no descarta la negociación con el Ejecutivo y por eso se han solicitado reuniones con los ministerios de Trabajo, Economía, OPP, las comisiones de legislación laboral del Parlamento y hasta con el presidente Tabaré Vázquez. Hasta ahora el único que aceptó la solicitud fue Bonomi. "Si no conceden las entrevistas, ésa también es una respuesta del gobierno", advirtió López.

Incluso, especuló con el efecto de este trancazo en el ámbito privado. López señaló que esta postura de parte del gobierno hacia los públicos "no es una buena señal" porque es como "levantarle el centro a las cámaras empresariales", que pidieron la revisión de los convenios salariales y la congelación del gasto público por la crisis.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, aclaró que su intervención en la negociación entre COFE y el Ministerio de Economía se limita a una mediación.

El jerarca recibirá el jueves a la hora 14 a la delegación de trabajadores de la Administración Pública.

"El Ministerio de Trabajo no participa de la negociación de los públicos, solamente modera la discusión", explicó Bonomi. "Negocia la Oficina Nacional de Servicio Civil y OPP", puntualizó.

Consultado sobre la posibilidad de una escalada en la conflictividad en el sector público, el ministro dijo que no opinará puesto que "son otros los que están negociando. Ya veremos".

La del jueves no será la primera intervención del ministerio en este conflicto.

El pasado 12 de enero, los trabajadores se reunieron con el subsecretario de Trabajo Jorge Bruni y el director de Trabajo Julio Baráibar. Allí, el MTSS había acordado interceder ante Economía, dándole la razón a los trabajadores en su planteo de que el ajuste de 7,12% previsto por el Ejecutivo, les provocaría una pérdida salarial.

Posteriormente, los negociadores de Economía presentaron una fórmula que otorgaba un adelanto de la recuperación final (un 19,5%). El porcentaje del adicional (pues ya habían recibido el 7,12%) era de hasta un 4% lo cual fue aceptado en su momento por COFE, quedando a estudio de Economía las franjas de funcionarios que recibirían el aumento extra.

No obstante, hubo un cambio en la oferta que pasó a un 2% general, argumentándose dificultades en la aplicación de la fórmula. Esto irritó a COFE que en un primer momento habló de demandar al Estado y ocupar los lugares de trabajo.