GUSTAVO PENADES
La Intendencia de Montevideo dio inicio a un programa de visitas guiadas en el Cementerio Central. Dejando en claro que todo aquello que contribuya a revalorizar nuestra historia y patrimonio nos parece positivo, no podemos dejar relacionar la iniciativa municipal con la realidad de los cementerios capitalinos.
Las situaciones son disímiles, pero, en general la sensación que se percibe es de abandono. No queremos ingresar en mayores detalles ya que los lectores saben bien a que nos referimos.
Si el problema es de exclusiva responsabilidad de la desidia municipal, no es menos cierto también que, tanto en los cementerios como en el resto de la ciudad, se hace frente a dos grupos claramente definidos que diariamente atentan contra el patrimonio común.
Uno el de los delincuentes que se alzan con cuanta cosa pueden: monumentos funerarios, metales, pero también los bancos de las plazas, estatuas, cables, tapas de alcantarillas, etc. El otro, es el de los vándalos que sin siquiera el afán de enriquecimiento, se dedican a la destrucción por la destrucción misma.
No existe plaza, monumento, espacio verde que se salve de su accionar. Toda cosa es buena a la hora de la destrucción o del enchastre. A lo que se suma la irracional e irresponsable costumbre de romper envases, sembrando literalmente de pedazos de vidrio parques y lugares de recreo, comprometiendo seriamente la integridad de quienes los utilizan, especialmente niños.
Llamativamente, las conductas reseñadas no son patrimonio de un barrio ni de una zona específica. Alcanza con desplazarse por Montevideo para confirmar que ningún lugar escapa a la acción de los vándalos. Desde la plaza Otero en Carrasco, pasando por Punta Gorda y llegando al Cerro todo es campo fértil cuando de destruir se trata.
Las interrogantes que se abren son variadas. Naturalmente, lo más obvio tiene que ver con lo inmediato, con lo específicamente represivo.
Veamos, por ejemplo, que en algún lugar deben procesarse los metales robados; sean los bronces sustraídos de los cementerios o las tapas del alcantarillado. De igual modo, la Policía debería intervenir reprimiendo los actos vandálicos.
Pero, saliendo de lo inmediato, nos damos cuenta que el asunto no pasa exclusivamente por la represión, en tanto lo que subyace tras esas conductas es una crisis de valores, en la cual el respeto por el otro ha dejado de importar, manejándose el equivocado y egoísta concepto que "como es de todos, todo vale". El asunto es complejo, claro está, y en su dilucidación la intervención familiar y de la educación es fundamental. Yendo a este último aspecto, es paradojal que el edificio del IPA, al que asisten los futuros profesores de enseñanza media, sea sistemáticamente pintado y sistemáticamente enchastrado por los propios estudiantes: ¿Qué valores transmitirán entonces esos futuros profesores? ¿Qué responsabilidad se puede exigir de los alumnos si son los profesores los que aceptan que se dilapiden dineros públicos para arreglar los enchastres que ellos causan?
Lo dicho son apenas síntomas de una sociedad que presentan patologías mas profundas de lo que aparenta, y a las que confiamos el Partido Nacional pueda comenzar a dar principio de solución.