Los papeles de Pivel

GONZALO AGUIRRE RAMIREZ

Pensaba escribir sobre la escasa credibilidad de las cifras oficiales en materia de inflación y desempleo. El gobierno situó el incremento del índice de precios al consumo, en enero, en 0,79%, Búsqueda, en su última edición, lo situó en 1,23%. El oficialismo, en momentos en que a cada rato aumenta el número de trabajadores pasados al seguro de paro -candidatos a un muy próximo desempleo-, alardea de que éste, situado según él en un 7% o aun menos, es el registro más bajo en varios años.

Claro, no computan a quienes emigraron por carecer de trabajo, a los amparados por el seguro de paro ni a los subocupados en changas o en tareas zafrales. En suma, tales cifras tienen tufillo electoral y configuran un manejo poco serio de asuntos que, precisamente, son serios.

Sin embargo, voy a aplaudir sin retaceos una decisión del gobierno. Este, bajo firma del presidente Vázquez autorizó al Ministerio de Educación y Cultura a gastar US$ 358.000 para adquirir parte del formidable archivo documental del profesor Juan Pivel Devoto. Este, según la resolución gubernativa, se halla "en riesgo inminente de desintegración y/o pérdida".

Atrás de este gran acierto está, sin duda, la voluntad de la ilustrada directora del Archivo General de la Nación, Prof. Alicia Casas, esposa del destacado historiador José Pedro Barrán. Ambos fueron discípulos del eminente ciudadano y me consta que tienen la más alta opinión de quien fuera su maestro. Asimismo, son conscientes del formidable valor cultural del inmenso acervo documental reunido por Pivel Devoto a lo largo de casi toda su extensa y fecunda vida.

Tuve el privilegio enorme de cultivar una sostenida relación con dicho historiador sin par, durante veinte años por lo menos. Y puedo asegurar, por ello, que, además de una biblioteca de alrededor de 37.000 volúmenes, atesoraba en su casa de la calle Ellauri 48 cientos y cientos de carpetas y de grandes sobres repletos de una inmensa cantidad de documentos únicos e invalorables para el conocimiento de la historia de nuestro país.

Tan abundante era dicha documentación, que Don Juan había hecho construir, en los fondos de su casa, una habitación llena de grandes estanterías sobre las que reposaban dichos sobres y carpetas. Debe saberse que, según me lo comunicó en cierta oportunidad, desde que en 1967 abandonó el Ministerio de Instrucción Pública y hasta que en 1985 cargó patrióticamente -en su vejez-, con la muy pesada carga de presidir la ANEP, fue registrando cronológicamente, en forma manuscrita, todos los trabajos conducentes a reunificar definitivamente al Partido Nacional, así como toda la lucha desarrollada por sus dirigentes contra la dictadura, dentro y fuera del país.

Tan invalorable material debe rescatarse y poder ser consultado por los historiadores e investigadores. Aplaudo pues, con entusiasmo, esta patriótica decisión del gobierno, en defensa de la historia y la cultura nacional. Lo propio debe hacer, desde el más allá, el ilustre ciudadano. Que nadie lo dude. Y aprovecho para decir que lo mismo debiera hacer el Poder Ejecutivo respecto a la biblioteca jurídica y al archivo del doctor Justino Jiménez de Aréchaga, si es que aún se conserva, como supongo, en su casona de la calle Pablo De María. Dicho archivo, cosa que casi nadie sabe, contiene también miles de documentos de la historia del país y de sus grandes protagonistas, prolijamente ordenados y encarpetados. Los reunieron Aréchaga y su padre Justino Eugenio durante años.