BOGOTÁ | AGENCIAS
El ex diputado colombiano, Sigifredo López, secuestrado en abril de 2002 y que las FARC tienen previsto liberar hoy, es el último de los políticos en poder de esa guerrilla, y su retorno a la libertad podría aclarar el asesinato de 11 de sus compañeros, en junio de 2007.
Sigifredo completa el grupo de seis rehenes entregados desde el domingo por las FARC como un gesto al grupo de personalidades "Colombianos por la Paz", que encabeza la senadora opositora Piedad Córdoba.
Delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) coordinan la operación, que cuenta con el apoyo del gobierno de Brasil, cuyos helicópteros llegaron ayer a Cali para trasladar al rehén una vez liberado.
López lleva casi seis años de cautiverio tras ser secuestrado junto con 11 políticos más en una operación de los guerrilleros que entraron en la sede de la asamblea legislativa del departamento de Valle, en el centro de Cali, y fingiendo ser militares los convencieron de subirse a un autobús para evacuar el lugar por una supuesta bomba.
En 2007 los 11 compañeros de López -que había sido separado del grupo por enfermedad- murieron cuando los rebeldes que los custodiaban se enfrentaron con un grupo armado, que resultó ser otra facción de las FARC.
Cuando los cuerpos fueron recuperados, un informe forense dictaminó que los rehenes murieron por disparos hechos por la espalda, en momentos en que al parecer se bañaban en un río, por lo que se generaron muchas dudas sobre el episodio que podrán ser aclaradas con el testimonio de López.
Alan Jara, el ex gobernador de Meta liberado el martes tras más de siete años de cautiverio, afirmó ayer que el gobierno debe buscar un acuerdo con la guerrilla para la liberación de todos los rehenes, que son una veintena de policías y militares.
"El tema de la solución al conflicto armado que tiene Colombia yo creo que debe pasar por una solución política negociada", dijo Jara ayer a medios locales en Villavicencio.
En tanto, sobre la suerte del resto de personas que quedan retenidas, Jara indicó que un rescate militar sería un riesgo de muerte para los cautivos y que si la llamada "seguridad democrática", que impulsa el presidente Álvaro Uribe, estaba consolidada, entonces "se puede hacer el acuerdo humanitario sin que se ponga en riesgo el tema de la seguridad".