Violencia contra ley de educación

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SEBASTIÁN CABRERA

En la entrada al Senado, el funcionario, cuarentón, todavía no entendía lo que acababa de ver: "Tengo veinte desalojos arriba, pero nunca una pelea así". La sanción de la ley de educación terminó de la peor forma: con golpes y patadas en las barras.

Durante unos minutos la acción se trasladó del plenario hacia arriba, en las barras, que se transformaron en un escenario de batalla campal entre unos pocos policías -algunos de civil- y una decena de manifestantes de izquierda.

Con la cabeza hacia arriba, esta vez los legisladores fueron testigos de un violento espectáculo, mientras les caían papelitos en las bancas y sonaba la incesante chicharra reclamando el desalojo policial. Una policía terminó herida y varios manifestantes con machucones. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa anunció la denuncia policial y advirtió que en el futuro se cuidará más el ingreso.

La sesión del Senado tuvo dos partes claramente distintas. Las primeras seis horas transcurrieron en un clima de tranquilidad, más allá de los normales choques políticos, y con poca gente en las barras. Pero cerca de la hora 16, cuando terminaba la lista de oradores, el clima se enrareció. Seis jóvenes ingresaron raudos y se colocaron al borde de las barras, justo arriba de la bancada del Frente Amplio. Varios de ellos pertenecen a la organización Plenaria Memoria y Justicia.

Cuando Nin Novoa levantó la cabeza y los vio entrar, previó problemas. "Miré una franca actitud desafiante, provocadora", admitiría más tarde. Minutos después, el vicepresidente anunció la aprobación de la ley por 16 en 30, con los votos en contra del comunista Eduardo Lorier y de senadores blancos y colorados. Entonces ese mismo grupo de jóvenes lideró los rabiosos gritos en contra de la bancada frenteamplista: "Hijos de puta", "alcahuetes".

Luego vinieron los cánticos: "Que los vengan a ver, que los vengan a ver, este no es el programa de gobierno de Tabaré". O el más futbolero: "Un poco más de huevo". Otros 20 o 30 dirigentes de sindicatos docentes también gritaban y protestaban, pero acataron la orden de la Policía e iniciaron el desalojo.

No lo hizo el pequeño grupo de jóvenes que llegó a último momento, cuyas edades rondaban los 20 años. Desacatados y con aspecto desaliñado, parecían dispuestos a quedarse ahí y no aceptar las órdenes. Los policías los rodearon y reclamaron el desalojo, pero ellos no se movieron.

Uno tiró un golpe de puño a un policía y entonces empezó un violento forcejeo entre los efectivos y la seguridad del Palacio contra los estudiantes. Gritos, piñas y manotazos se sucedieron sobre la baranda y luego se trasladaron a la escalinata de las barras. El incidente terminó con varios manifestantes maniatados en el piso, uno de ellos descamisado.

VERSIÓN. Más lejos había militantes de los gremios docentes, que se acercaron a intentar separar y también a protestar por el accionar policial. Es el caso del dirigente comunista Pedro Balbi, ex diputado y actual miembros del gremio de profesores, que gritaba "soy dirigente comunista" y "le pegaron a un estudiante".

Nervioso, Balbi miró a Nin Novoa y le gritó que tiene "patovicas" en las barras. La versión que dan los sindicalistas es que todo arrancó cuando un guardia de civil trató en forma "agresiva" a los manifestantes. "Le pegó un piñazo de garrón a un botija", indicó Balbi. Y también dijo que "revolcaron" a una joven. Un comunicado de Fenapes repudió ayer la "salvaje provocación" de la guardia de las barras del Senado.

"Que se golpee estudiantes es una deshonra para cualquier Parlamento democrático", dice la nota. En cambio, varios legisladores y funcionarios comentaban con asombro en los pasillos del Palacio que los jóvenes golpearon a una mujer policía. No hubo detenidos, según informaron a El País en la Seccional 6°.

Luego de la trifulca, el senador herrerista Luis Alberto Heber pidió la palabra y dijo que el hecho fue una falta de respeto a las instituciones. "Son los docentes que van a educar a nuestros hijos", ironizó.

Aunque los sindicatos educativos anuncian la impugnación, el Ejecutivo promulgará la ley, que sustituye a la "ley de emergencia" de 1985. La oposición machacó que la norma no tiene respaldo en el Frente ni en las organizaciones sociales y advirtió que crea más burocracia. Los blancos anunciaron la derogación de la norma si llegan al poder en 2010. A excepción de Lorier, los senadores frenteamplistas dijeron que es un paso adelante, aunque pueda ser revisada más adelante.

El proyecto incorpora al Codicen y a los consejos desconcentrados a representantes de los docentes. Serán dos en cinco para el Consejo Central y uno en tres para los restantes organismos, todos elegidos en votaciones organizadas por la Corte Electoral, en el año anterior a las elecciones nacionales.

En cada Consejo de Educación funcionarán, además de las respectivas ATD, comisiones consultivas de funcionarios no docentes, de estudiantes y de padres. En el Consejo de UTU habrá una o más comisiones consultivas con participación de trabajadores y empresarios.

Se determina la obligatoriedad de la educación desde los 4 años hasta los 18 con un mínimo de horas de clase por año no especificado para Primaria y Educación Media Básica.

El comunista Eduardo Lorier, al igual que Alicia Pintos en Diputados una semana antes, votó contra "con la mayor de las tristezas" y con "una gran contradicción" interna. Y concluyó: "Somos comunistas y en nuestros hombros pesa la lucha histórica del partido, fundador del Frente, al que siempre respetamos. Pero no podríamos seguir ocupando la banca si no respetáramos la tradición democrática y las decisiones populares".

Gustavo Penadés vivió la jornada de ayer con una sensación de "frustración". Para el senador herrerista, el FA no respeta a los partidos y algunos creen más en la democracia participativa que en la representativa: "La ley se trató cuatro días en Diputados y cuatro días en el Senado, cuando al gobierno le llevó dos años y medio lograr el consenso". Penadés cree que hay falta de voluntad de lograr acuerdos y elaborar políticas de Estado. "Esta ley no solucionará problemas y es tremendamente conservadora", indicó. Le auguró corta vida, dijo que apunta a la burocracia y que sólo pretende cumplir con el programa, "sin importar cómo salga".

El senador Julio María Sanguinetti está convencido que el gobierno "hizo creer" al congreso educativo que "realmente estaban decidiendo allí" el contenido de la ley, cuando eso no sucedió. "Esta ley no es un avance, es un paso más en marchas y contramarchas", lamentó. Y apuntó: "En ningún país hay unanimidad en estos temas, pero tampoco que nadie esté a favor. Esto es un fracaso de participación, no tiene apoyo en la sociedad ni en la política". El ex presidente advirtió que la ley crea una "nube de institutos", reduce la coordinación y no entra en el debate de la calidad. "En vez de debatir el desarrollo, se discuten las instancias de poder".

Emocionada, la senadora Lucía Topolansky literalmente se quebró ayer cuando habló del Plan Ceibal como "lo más importante" del país y relató el caso de un niño en Castillos, Rocha, que usa la computadora. A la senadora le tembló la voz, se le llenaron los ojos de lágrimas y le costó seguir. Sentado a su lado, el senador Víctor Vaillant le tomó la mano con fuerza. Un poco más lejos, su esposo José Mujica leía la Constitución y no le prestó demasiada atención al asunto.

Topolansky advirtió que las leyes "no son mágicas" y dijo que es el inicio del proceso. Y mencionó una larga lista de logros del gobierno, más allá de la ley de educación.

Los gremios de la enseñanza acelerarán las gestiones para recurrir la ley de Educación, aprobada ayer por el Senado.

"Lo que tenemos resuelto por asamblea es estudiar la constitucionalidad de la ley con los profesionales que correspondan y a partir de ahí veremos qué hacer. Vamos a apelar a ese recurso", señaló Manuel Oroño, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

El sindicato está analizando con sus abogados el mecanismo por el cual rebatirían la ley, por inconstitucional. No se descarta una presentación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) o un referéndum.

El comité ejecutivo de Fenapes sesionará este lunes, para evaluar las próximas medidas de protesta. Sobre la posibilidad de no iniciar los cursos de 2009, Oroño dijo que es una opción que recién se evaluará en febrero del año próximo.

Oroño explicó que el recurso de inconstitucionalidad está siendo abordado además por los maestros, los trabajadores de la enseñanza privada, y los funcionarios de UTU. El gremio de docentes de la Universidad de la República han manifestado su rechazo a la ley pero delineará su plan de acción el próximo lunes.

rechazo. Los trabajadores reiteraron su descontento con la aprobación de una ley, que consideran no representa los principios de autonomía y cogobierno, resultantes del Congreso Nacional de Educación "Julio Castro" (2006). Ayer en un comunicado, Fenapes insistió en esos argumentos para rechazar la norma, y se desligó de la oposición que "cuestiona el excesivo `participacionismo` de la ley".

Los profesores "deploraron el modo sumarísimo en que el tema fue tratado en ambas Cámaras, especialmente en el Senado, donde fue votado `sobre tablas`, sin informe de Comisión".

Fenapes condenó la "soberbia del oficialismo" que aprobó una ley rechazada por "las organizaciones populares y sindicales del país".

En tanto, Andrés Olivetti, de Afutu, dijo que por la división en la interna del Frente Amplio a raíz de la nueva norma y el modo en que ésta se aprobó, la educación quedó como "rehén de un problema político partidario". Para Olivetti "lo que se aprobó no va en la dirección de lo que ha hablado la izquierda toda su vida".