Suspendieron liberación de represores argentinos

1/1

BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA Y AGENCIAS

El máximo tribunal penal de Argentina dejó en suspenso ayer la liberación de 21 represores de la última dictadura militar que fue anunciada el jueves. Entre ellos se encuentran Alfredo "el ángel rubio" Astiz y Jorge "el tigre" Acosta.

El anuncio del tribunal se realizó ayer dos horas después que el gobierno de Cristina Fernández ordenara un juicio político contra los magistrados que resolvieron poner en libertad a los ex militares, todos acusados de genocidio en la última dictadura (1976-1983).

La decisión de no excarcelar a los ex marinos se tomó luego que el fiscal Raúl Plee "presentó la apelación ante la Corte Suprema (...) lo que tiene un efecto suspensivo automático", manifestaron fuentes judiciales.

El gobierno de Fernández manifestó que se realizaría la apelación con el propósito de que Astiz y Acosta continúen en prisión hasta que sean llevados a juicio. La ley Argentina fija que nadie puede quedar encarcelado más de tres años sin sentencia firme. Acosta está detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde septiembre de 2003.

Los ex represores de la dictadura, de todos modos, iban a seguir en prisión. Eso responde a que deberían esperar que se tramitasen las anunciadas apelaciones, entre ellas una querella, y que se dispusieran los montos de fianzas de la caución legal, señalaron fuentes de la Suprema Corte.

Juicio. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue quien anunció, antes de darse a conocer que se suspendía la liberación de los ex militares, que se solicitará al Consejo de la Magistratura que se inicie "un proceso de destitución de los jueces que dictaron la resolución".

Duhalde señaló, por otra parte, que la apelación gubernamental intenta "evitar un escándalo jurídico de la libertad de estos individuos".

"Algunos de ellos tienen cadenas en ausencia por tribunales franceses e italianos y con pedidos de extradición de la Justicia española", agregó.

"El ángel rubio de la muerte", como se lo suele llamar a Astiz, tiene un pedido de captura internacional y una cadena perpetua condenada por la justicia francesa por el asesinato y desaparición respectivamente, de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon. Un tribunal en Roma le impartió la misma pena por la desaparición de ciudadanos italianos.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, señaló que "el país no puede intranquilizarse. Lo único seguro es que esta gente está detenida y sigue detenida".

Fayt arremetió contra el parlamento y señaló que éste debe "dictar las normas procesales judiciales necesarias para que, cosas como estas, no ocurran" y así impedir que sigan demorados 800 juicios por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

Los marinos son los principales acusados de actuar en el centro de exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde pasaron 5.000 prisioneros políticos y sobrevivieron menos de la mitad.

"vergüenza". Luego que la justicia anunciara la liberación el jueves las repercusiones no se hicieron esperar. Tanto el gobierno como los organismos de Derechos Humanos no demoraron en criticar la decisión.

"Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", señaló la presidenta kirchnerista el jueves desde el edificio de la ESMA.

El abogado de la querella, Eduardo Bercesat, sacó a luz lo que consideró una contradicción: "Si los delitos como genocidio y crímenes de lesa humanidad no admiten beneficios como la amnistía, el indulto, la conmutación de penas o el beneficio del asilo político, es obvio que tampoco puede concederse la excarcelación".

El fallo judicial que permitía la liberación de los ex militares, afecta a cinco causas por crímenes de lesa humanidad. Además de la de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet, están los expedientes por el secuestro del periodista Rodolfo Walsh y la desaparición de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de la Plaza de Mayo. Un comunicado de éstas señaló que "la liberación es posible porque las distintas instancias de la Justicia han demorado de forma injustificada los procesos (...) que se prolongaron de forma irrazonable".