A medio camino de las rejas y la libertad para los reclusos

1/2

2/2

ALEJANDRO MENDIETA

Como en las películas, hombres y mujeres presos en Uruguay podrán participar en breve de programas de libertad probatoria o asistida y de un centro "A Medio Camino" entre la celda y la libertad del hogar.

Ambos son proyectos de la Dirección Nacional de Cárceles (DNC) sobre los cuales se están ultimando los detalles de su aplicación conjuntamente con el Poder Judicial.

El hogar "A Medio Camino" es una iniciativa de la DNC, dirigida a las mujeres privadas de libertad que tengan el perfil adecuado para esta propuesta, dijo a El País el director del organismo policial, Jorge Szász.

En un principio serán 28 las mujeres que participarán de este proyecto las cuales serán realojadas -en los próximos días- en un edificio que está siendo refaccionado sobre la calle Andes entre Galicia y Cerro Largo.

En ese lugar la seguridad será mínima y se trabajará intensamente abordando otros aspectos de la vida de las reclusas. "Que las rejas estén solo en la mente", dijo el jerarca.

ASISTIDA. El segundo proyecto involucra al Poder Judicial y desde la Suprema Corte de Justicia se vio con buenos ojos esta medida alternativa a la pena de encierro.

Al igual que en el caso de las mujeres, los presos que se verán beneficiados son aquellos que cumplan ciertos requisitos de conducta y derechos carcelarios que les permitan acceder a la novedosa normativa penal.

Desde el lado judicial se están definiendo los parámetros de a qué presos les correspondería y bajo qué circunstancias. Szász dijo que, como brazo auxiliar de la Justicia, su tarea será realizar el seguimiento en la sociedad de ese preso.

La Policía dispondrá de un "oficial de libertad" (aún sin nombre definitivo) que administrará entre 10 y 15 reclusos.

Éstos últimos deberán llenar formularios y se reportarán directamente con el juez que lleve adelante su causa. Además tendrán ciertas obligaciones, como no tomar alcohol o consumir drogas, y derechos que están siendo estudiados por las autoridades policiales.

Szász no descartó la posibilidad que se le pidan exámenes médicos para corroborar el cumplimiento de las normas, así como exámenes educativos en caso que estudien o la concurrencia al trabajo en caso que tengan uno. Para buscarle un oficio se trabajará muy de cerca con el Patronato Nacional del Encarcelado y Liberado.

El jerarca agregó que quienes participen en las primeras instancias serán presos con familias constituidas y trabajo.

PROGRESO. Las alternativas apuntan a incentivar la progresividad del sistema carcelario uruguayo y a una mejor clasificación de las personas privadas de libertad.

Además se busca que varias de ellas puedan aspirar a recuperar su libertad y su lugar en la sociedad "sin la contaminación de la situación penitenciaria", afirmó Szász quien calificó de un paso penal importante a las medidas.

También es hacerle saber al preso que no es lo mismo portarse bien que mal y que si se aspira a un beneficio o una medida alternativa la conducta debe ser acorde a lo que se aspira, agregó.

REINCIDENCIA. Uruguay: cárceles en mal estado. Los informes negativos al respecto se repiten año a año.

Pero Szász, a pesar que coincide con esas posturas, explicó que hace poco regresó de un seminario en Costa Rica sobre esta temática, donde participan 18 países, y dijo que, como en el fútbol, estamos de la media un poco hacia arriba.

Igualmente reconoció que resta mucho por hacer en un país que tiene escasos recursos para esta área, además de generar una apertura de la sociedad hacia las cárceles. En caso contrario "no se podrá avanzar mucho", opinó.

Para el jerarca si eso no ocurre y tampoco se generan políticas sociales que amparen a los presos, que les quiten los estigmas carcelarios a la hora de encontrar trabajo, se seguirá teniendo altos niveles de reincidencia delictiva.

Si bien la población del Comcar se logró bajar desde que asumió la nueva dirección de la DNC, se mantienen tasas de encarcelamiento muy altas.

Aproximadamente de cada 10 presos, 6 reinciden. Es decir casi un 60% de la población recluida. "Es alarmante. Y no es culpa de jueces o el servicio penitenciario. No habla bien de una sociedad que utiliza el encierro como uno de los principales medios de control social", sentenció.

RENZO ROSSELLO

"Yo les digo a mis hijos: ven que papá está viejo pero igual sigue estudiando, ustedes tienen que hacer lo mismo", le dice Luis Pereira (36) a sus tres hijos adolescentes.

Luis es uno de los 14 reclusos de Cárcel Central que ayer recibió el diploma de fin de curso. En su caso, el fin del ciclo básico y el bachillerato que ahora se dispone a empezar.

Y también 13 policías que, al mismo tiempo, pudieron completar estudios gracias a un convenio entre el Ministerio del Interior y el Consejo de Educación Secundaria.

La profesora Marisa Bada, que coordina el programa, recordó que se inició en 2001 con un solo estudiante. Los resultados siete años más tarde son por lo menos auspiciosos. Pero no suficientes.

O eso opina el recluso Ricardo Hougham, que en la ceremonia de fin de curso en el patio de Cárcel Central habló en nombre de sus compañeros. Hougham terminó el bachillerato y quiere continuar estudiando mientras termina su condena. "Esto está muy bien porque nos dejó terminar los estudios, pero no tenemos manera de seguir estudiando si queremos una carrera", apuntó Hougham.

Gabriel Rodríguez (24) termina el año que viene el bachillerato y quiere continuar. "Quiero seguir Derecho, bueno, acá adentro se aprende", comenta con humor. La agente Carmen Fernández (28) es parte del grupo de policías que completa Secundaria en el programa. "Ellos (los reclusos) nos ayudan mucho a estudiar, tienen más tiempo que nosotros", dice.

Del otro lado de la reja Carmen también evalúa su futuro: aún duda entre magisterio y la Escuela Nacional de Policía.

Todos ellos sintieron que el tiempo dentro de las paredes grises no pasó en vano.

"Yo no puedo ponerle una bola de hierro a un preso y ponerlo a picar piedra, porque luego van a llamar para preguntar por qué se está violando los derechos humanos de esa persona", argumentó el director Jorge Szász. A diferencia de otros países donde los reclusos realizan los llamados "trabajos forzados", desde fabricación de ladrillos o chapas para matrículas de autos, hasta el lavado de ropa de otros organismos del Estado, en Uruguay el trabajo para los presos no es obligatorio. En cambio, Szász dijo que se está trabajando en la concientización de los reclusos de tal manera que ellos mismos tengan la iniciativa para hacer frente al ocio. De todas formas el jerarca reconoce las dificultades, "esos objetivos son difíciles, al igual que tratar de lograrlos".