Gobierno condiciona el pago de los sueldos

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Federico Castillo

El gobierno condicionó ayer el dinero para pagar los sueldos atrasados a los funcionarios del Casmu a que el gremio deponga la medida de abandonar los sanatorios. Hoy habrá asamblea. Si no hay acuerdo, el gobierno decretará la esencialidad.

Los funcionarios no se fueron nada satisfechos de la reunión mantenida ayer con el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

No lograron quitar de arriba de la mesa de negociación las rebajas salariales y se los instó a que dejen a un lado la intención de abandonar sus funciones en los sanatorios y el paro por tiempo indeterminado si es que quieren cobrar los salarios atrasados (se les adeuda octubre y noviembre a los trabajadores de todas las franjas).

Según confiaron a El País fuentes oficiales, el presidente le trasmitió al gremio del Casmu que "va a haber dinero para cobrar los sueldos, pero se tienen que levantar las medidas antes del viernes".

También se les comunicó que "todos tienen que poner de su parte" para la reestructura necesaria en la mutualista, y eso incluye las reducciones salariales. En ese sentido, se volvió a mencionar la posibilidad de instalar una comisión -con participación de todos los actores involucrados- que discuta los montos de las rebajas.

El concepto que predomina al respecto en el Ejecutivo es el de no afectar a los salarios más sumergidos. En ese sentido, una de las alternativas -manejada por el propio director de Secretaría del MSP, Daniel Olesker- podría ser la de establecer un tope salarial que se ubicaría en el entorno de los $20.000; de esa cifra para abajo no se tocarían los sueldos.

Los funcionarios pretenden topear los salarios en $34.000, esa ha sido su plataforma reivindicativa desde que se inició el conflicto con las autoridades de la mutualista hace ya unos dos meses.

La Junta Directiva del Casmu pretende llevar todos los salarios al piso del laudo establecido por ley; eso supone rebajarlos un 30%. La mayoría de los funcionarios no médicos gana ese porcentaje por encima del laudo.

De todas formas, la propuesta del gobierno es que estos temas se definan en un ámbito tripartito de diálogo que se instalará si los funcionarios aceptan integrarlo.

Eso se resolverá hoy en una asamblea general del gremio que promete ser, por lo menos, tensa y discutida.

Hermetismo. Después de casi dos horas de reunión con el presidente en el Edificio Libertad, los funcionarios ofrecieron una conferencia de prensa para decir muy poco.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), Luis Laxalt fue lacónico: "La propuesta se la vamos a transmitir y discutir con los compañeros en una asamblea en el Palacio Peñarol", dijo.

El resto de los funcionarios, agolpados en las puertas del Edificio Libertad, también reclamó saber en que consistía la propuesta y para eso se trasladó a la sede de Afcasmu. Allí el ánimo no fue el mejor y hubo reproches varios, sobre todo al presidente Vázquez. El sector radical tenía la firme intención de no abandonar las medidas de lucha.

Fideicomiso. El presidente de la Junta Directiva del Casmu, Gerardo Eguren, confirmó a El País que el proyecto de fideicomiso será enviado esta semana al Parlamento para su aprobación.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reglamentó por decreto un nuevo régimen de funciones inspectivas para fiscalizar la atención y el cumplimiento de normas en hospitales públicos y mutualistas.

El nuevo sistema de trabajo incluye la necesidad de alcanzar determinadas metas de gestión en plazos especificados y por cuyo cumplimiento se compromete el pago de compensaciones especiales.

La labor de los funcionarios a quienes se les asigne tareas inspectivas se regirá de acuerdo a determinadas condiciones, entre ellas, cumplir con jornadas superiores a las ocho horas cuando las características propias de la función inspectiva y las necesidades del servicio así lo requieran.

La novedad en este reglamento esta dada por los compromisos de gestión que deberán asumir los cuerpos inspectivos de la Dirección General de Salud (Digesa)

Según el decreto, el objetivo estratégico de esta modalidad es el de disponer de "un nuevo instrumento para potenciar el compromiso de los funcionarios en lograr mejoras claras y verificables en la prestación de bienes y servicios".