En noviembre de 2007, los investigadores de la Brigada Nacional Antidrogas (BNA) tuvieron las primeras pistas. Ya por entonces la vigilancia sobre la actividad portuaria de la terminal principal se había redoblado. La Operación Chimed de septiembre de 2006, en la que se desarticuló a una extendida organización de narcos colombianos, y luego la Operación San Francisco, que en agosto de 2007 golpeó a una organización de mexicanos, marcó el Puerto de Montevideo como una vía cada vez más buscada por los traficantes para sacar grandes cargamentos de cocaína rumbo a Europa.
Pero las pistas llevaban a una organización desconocido hasta ese momento para los investigadores. "Es un grupo totalmente nuevo para nosotros", reconoció más tarde el inspector principal Julio Guarteche, titular de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid).
En los primeros días de diciembre de 2007, llegó el cargamento de 320 kilos de cocaína a Punta del Este. Para entonces el juez penal Jorge Díaz había autorizado el despliegue de vigilancia electrónica y seguimiento de todos los sospechosos de integrar la organización. En rigor, se trataba de al menos tres subgrupos que conformaban una suerte de cooperativa, con socios capitalistas incluidos como demostraría más tarde la investigación. "Había de todo como en botica", comentó poco después el juez Jorge Díaz durante una entrevista.
Y una muestra de ello fue la participación de dos "financistas" que resultaban bastante conocidos, pero no en el ambiente delictivo. Se trataba de los contratistas de jugadores de fútbol Edward "Vela" Yern y Luis Sumasi. Ambos eran socios en pases de jugadores, pero también pusieron parte del dinero para traer un cargamento que fue valuado en un millón y medio de dólares.
Al concluir las actuaciones en Operación Cancerbero I, el juez Díaz comentó: "ahora hay que barajar y dar de nuevo".
Díaz es uno de los jueces que, junto a los magistrados Juan Carlos Fernández Lecchini y Anabella Damasco, se postulan como jueces del crimen organizado.