Circulando

No viene mal. En estos días -hasta el sábado 25- se desarrolla la Semana Nacional de la Seguridad Vial, en cuyo marco Montevideo recibe al Primer Encuentro de Seguridad Vial del Mercosur. La convocatoria puede ser muy útil si se consideran las altas cifras de accidentes que sufre el tránsito en este país, y además puede ser necesaria tomando en cuenta los numerosos rasgos de arbitrariedad que suelen verse en la circulación, pero asimismo puede ser impostergable al observar el número de víctimas mortales que cobran dichos accidentes. Gran parte de esas víctimas son personas jóvenes que en buena medida sucumben al volante de birrodados, a bordo de los cuales se cometen imprudencias de todo tipo: excesos de velocidad, maniobras arriesgadas, marcha a contramano y demás irregularidades, cuyo costo puede ser trágico y debe lamentarse como una de las peores consecuencias de la desordenada conducta vial que experimenta el Uruguay.

Esta Semana de la Seguridad, y el Encuentro regional que está en curso, enfrentan entonces un problema complejo y múltiple. Por ello la Unidad Nacional de Seguridad Vial plantea en ese ámbito la creación de un organismo permanente dentro de las estructuras del Mercosur, destinado a proponer y desarrollar estrategias en la materia, junto al cual aspira a establecer en el futuro un Observatorio Iberoamericano que registre realidades y anomalías al respecto. Para eso se organizarán en adelante debates y reuniones con el fin de coordinar metas y proposiciones dirigidas a remediar carencias, plantear soluciones y fijar reglas capaces de mejorar el panorama en dichas áreas, sin olvidar el apoyo que la legislación puede ofrecer y procurando profundizar los cometidos que cumple actualmente la Comisión de Infraestructura y Transporte del Parlamento mercosuriano, buscando crear un organismo "más estable y permanente".

En lo relativo el Uruguay, los planes, reglamentaciones y exigencias que se implantan en materia de circulación son herramientas bienvenidas, pero todo hace pensar que la realidad vial demanda medidas de mayor alcance, dotadas de otra capacidad de persuasión y penetración, orientadas a cambiar o mejorar no ya las normas vigentes sino la mentalidad de quienes circulan por calles y rutas. Porque esa mentalidad deriva no sólo de la ignorancia de las reglas que deben cumplirse, sino también de la displicencia con que a menudo se las conoce pero se las viola, como si el capricho personal pudiera formar parte de esa conducta sobre la calzada, anteponiendo la embriaguez de conducir a la indispensable disciplina para obedecer puntualmente todas las señales, todas las limitaciones y todas las normas. Esa anarquía es reflejo de la irresponsabilidad con que mucha gente maneja su vehículo, sin hacerse cargo de las graves obligaciones que debería asumir al hacerlo y tratando a ese vehículo como un arma para el desplante o el desahogo y no como un medio de transporte.

La mentalidad que debería cambiarse tiene sus peores expresiones en dicho descuido, un perfil relacionado con la falta de espíritu cívico, la escasez de respeto por los demás, la endeblez de ciertos niveles culturales y hasta con la psiquiatría, una especialidad terapéutica que podría tratar -y en el mejor caso remediar- los extremos de agresividad, soberbia, desprecio por el prójimo, violencia y placer por el riesgo que exhibe alguna gente al circular. En días pasados, la División de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo presentó ante el ministro de Transporte y Obras Públicas el Plan de Movilidad Urbana y el Nuevo Plan de Transporte de Carga, aludiendo a "la reestructuración y modernización del transporte urbano en la capital", un proyecto que comprende la señalización de carriles exclusivos o preferenciales para unidades de pasajeros, la sincronización y ampliación de la red de semáforos y la nueva cartelería que se desplegará, todo lo cual será financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El plan está bien, pero acaso omite aquella atención más profunda a la mentalidad de la que depende el cumplimiento de las disposiciones y por lo tanto la armonía resultante en el flujo motorizado. Porque más allá de la vigilancia, las inspecciones y las multas, más allá de los rigores con que se pretenda imponer un plan de movilidad urbana y más allá del esmero con que se diseñen textos legales al respecto, hay un problema no resuelto de educación y adoctrinamiento. Quien marche habitualmente por la red de tránsito montevideana, es testigo del problema y de las constantes transgresiones que lo caracterizan.