Política tercerizada

Juan MartÍn Posadas

Como es sabido, el gobierno que preside Bush hijo recurrió al Congreso de su país para pedir que se votara de urgencia una ley autorizando a disponer de 700.000 millones de dólares destinados al apuntalamiento de instituciones financieras. El pedido fue inicialmente rechazado. Pocos recordarán el detalle pero se trataba de un texto de cuatro carillas. En una segunda instancia, recogiendo opiniones autorizadas y atento al estado de ánimo de los diputados, el Presidente Bush mandó otra solicitud para lo mismo, la cual fue aprobada. En este caso el texto ocupaba más de cien páginas.

¿Qué importancia puede tener en un lío tan fenomenal el número de páginas? En sí, ninguna, pero no deja de llamar la atención. Sucede que, en el primer intento, el Presidente pidió que le autorizaran esa enorme millonada, puso la fecha y firmó. Los diputados, a pesar de la urgencia, dijeron: ¡un momentito! El Congreso va a autorizar esa enorme suma pero, además, va a decidir cómo se aplica, qué controles, bajo qué condiciones, a quiénes ampara y quiénes quedan afuera y cuarenta cuestiones más. Y eso se aprobó: no un cheque en blanco.

Este pequeño detalle, completamente colateral a las medidas que se van tomando para surcar la tormenta financiera, nos lleva al tema: la progresiva abdicación de los parlamentos de sus obligaciones o, en este caso, la resistencia a ello.

En muchas partes del mundo y visiblemente en nuestro país viene dándose un proceso por el cual las reglas y normas que rigen a la sociedad no provienen de los representantes del pueblo sentados en el Parlamento sino de otro lado. Las leyes de importancia (no las que dan nombre a las escuelas) han pasado a ser declaraciones cada vez más genéricas que, una vez aprobadas y votadas en sala, necesitan de lo que se conoce como la reglamentación de la ley. Esta reglamentación queda encomendada a alguna oficina o dependencia del Poder Ejecutivo, de la OPP o vaya a saberse quién (tampoco eso lo definen los legisladores). Hay leyes con aprobación parlamentaria pero cuya aplicación queda en suspenso todo el tiempo que demore su reglamentación. Sin la reglamentación la ley no es nada, no tiene vigencia, nadie sabe cómo se aplica ni exactamente a qué obliga.

Eso pasa en esta legislatura y pasó antes. En el caso de nuestro país, no es que se legisle poco. El diputado Uberfil Hernández me acaba de mandar (no sé por qué a mí) una estadística mostrando que, comparativamente, esta legislatura es la que ha producido más leyes: me evoca a boliche con el pizarrón de "pizza x metro" en la puerta.

Por motivos de la creciente complejidad de los temas o por causa de la creciente poca preparación y estudio de los legisladores (o por la suma de las dos cosas) tenemos una tercerización disfrazada pero muy real de la función legislativa.

La política funciona bien y goza de buena salud cuando está en manos de los políticos. A veces son los técnicos quienes terminan ocupando el lugar de los políticos, otras veces son los sindicatos. Tengo la impresión de que en todos los casos no se trata de una usurpación sino de una abdicación. El desplazamiento de las decisiones políticas (o de la generación de políticas) fuera de los ámbitos en donde tiene que estar es imputable a los políticos. Los parlamentos son el lugar por antonomasia donde se da la discusión política y donde ella se zanja (se aprueba o se rechaza). Lo que de allí sale debe estar pronto, como dice la fórmula antigua, para que se comunique, se promulgue y el Ejecutivo lo haga cumplir.