El gran hermano

Es habitual que la gente tome consciencia , de lo mal hecha o del perjuicio que causa una de ley, recién cuando sus efectos empiezan a sentirse en carne propia. Así pasó con la reforma tributaria, incluidos los frenteamplistas, que recién cuando el zarpazo les llegó a su sueldo, a su jubilación o a sus honorarios, empezaron a reaccionar. Fueron entonces in crescendo, las críticas, el enojo y el desencanto con el F.A., partido que con su supremacía numérica en el Parlamento, habitualmente ignora los argumentos de las otras fuerzas.

Sus legisladores se han dedicado a pasar por encima a la oposición de manera constante, incluso desvirtuando con su actitud cuasi patoteril, la esencia de la labor parlamentaria. Sin dar jamás cabida a los planteos de la oposición, como si fuera imposible que sus razonamientos o sus posturas merecieran ser tenidas en cuenta. Al tiempo que evidencian una falta de conocimientos en materia de técnica legislativa y terminología jurídica que agrava la situación, como ocurre con la ley de Ordenamiento Territorial. Así como un alto grado de improvisación que revela falta de seriedad en el trabajo.

Es el caso de la ley Trabajadores de la Actividad Privada que sancionaron hace un mes. Logrado su objetivo, el padre de la criatura, el diputado Diego Cánepa se fue de viaje, pero el absurdo de su contenido es tal, que algunos de sus propios correligionarios no han tenido más remedio que reconocer las contraproducentes consecuencias de la genial idea. A raíz de ello, el senador nacionalista Francisco Gallinal, quien nada tuvo que ver con la aprobación del engendro, ha presentado una iniciativa que intenta neutralizar los daños que provoca. Veremos que eco tendrá.

Con esta legislación que supuestamente apunta a ayudar a los jóvenes que trabajan para que puedan estudiar, lo que se consigue es exactamente lo contrario. O sea, que para poder conseguir trabajo o no perder el empleo, a muchachos y muchachas más les vale no ser estudiantes. Nada de capacitarse para progresar en la vida. Porque la flamante norma establece que el empleado estudiante tiene derecho a 28 días al año de licencia especial y la puede solicitar y gozar cuando quiera. El empresario o simplemente el empleador, porque puede tratarse de un pequeño negocio, solo podrá darse por enterado al recibir el preaviso. Así es que alguien que tiene tres asalariados o una empresa que da trabajo a miles de jóvenes, como los call center, tiene por delante el riesgo de quedarse sin personal para cumplir con su labor, en cualquier momento. Ya se ha sabido de una empresa de este tipo, de las que justamente emplean mucha juventud, que se echó atrás en un proyecto de ampliación que le demandaba contratar a unas 80 personas, al tomar conocimiento del alcance de dicha ley. Y no sería legal que se le hiciera firmar algún papel comprometiendo al joven a no actuar según lo que dice la nueva ley.

Con la legislación de Ordenamiento..., otro legado del Sr. Arana, (como la deuda con ADEOM), ya que fue siempre uno de sus impulsores, en consonancia a decir verdad, con ese viejo anhelo de la izquierda, de un estado que tutele con el mayor alcance posible al ciudadano. Esta vasta y confusa normativa, excesivamente reglamentarista y burocrática, acota la libertad de acción del individuo y específicamente atenta contra el derecho de propiedad, uno de los sustentos básicos de la estabilidad democrática y de la conformación de nuestra sociedad. Brilla por su ausencia en la farragosa redacción, la terminología acorde al vocabulario jurídico y se agreden principios constitucionales, por lo que se habrá de prestar tanto a litigios como a injusticias. Para dar una mejor idea, sirve mencionar alguno de los muchos ejemplos.

Entre otras cosas, en el artículo 35 se habla de "El ejercicio del derecho a desarrollar actividades y usos, a modificar, a fraccionar, a construir, por cualquier persona privada o pública, física o jurídica, en cualquier parte del territorio, está condicionado a la obtención del acto administrativo de autorización respectivo, salvo la excepción prevista en el suelo categoría productiva". Así es que cualquiera que desee alquilar una casa o un departamento, del momento que entra en aquello de "desarrollar actividades y usos" con su propiedad, primero tendrá que contar con un acto administrativo que lo autorice.

Una perlita que alcanza para percibir el avance del estado regulador y del poder de la burocracia.