El "prolegómeno"

Antonio Mercader

Jugando sobre la hora, el gobierno sacó adelante en Diputados una reforma jubilatoria portadora de una noticia buena y otra mala. La buena es que el gobierno del Frente Amplio confirma en los hechos la vigencia de las AFAP, o sea el sistema de cuentas individuales que tanto atacó en el pasado. La mala es que esta reforma contradice la tendencia moderna que consiste en aumentar los requisitos para jubilarse dada la mayor longevidad de la gente y el peso agobiante de la seguridad social.

De todos modos, el proyecto de ley, que entra al Senado a paso redoblado(debe sancionarse antes del 25 de octubre), más que una reforma lo que contiene es un parche al régimen vigente.

Un parche generoso, votado por diputados del gobierno y la oposición, con piadosas intenciones, por supuesto, pero que refuerza la peligrosa orientación de nuestro país en la materia. Es que Uruguay ofrenda a la seguridad social el 15% de su Pbi, casi el doble de lo que invierten en promedio Argentina, Chile y Cuba, por usar tres ejemplos citados en el debate legislativo. Aunque se mantiene en 60 años la edad mínima para la jubilación, se reducen de 35 a 30 los años de servicio exigidos, lo que facilitará a miles de personas su acceso al estatus de pasivos. Asimismo, la jubilación por edad avanzada se baja de 70 a 65 años.

El costo anual de estas facilidades se cifra entre 25 y 30 millones de dólares. Ello ocurre en un país de población avejentada como el nuestro, lo que contrasta en un mundo que hoy recorre el camino inverso tratando de disminuir la proporción de jubilados.

De esta manera, el Estado uruguayo ratifica su tradicional preocupación por proteger a los mayores, lo que no sería criticable si, al mismo tiempo, tutelara con idéntico cariño a otros sectores, en especial a los menores.

Como apuntó el diputado nacionalista Daniel Mañana, se opta por respaldar a los jubilados en vez de combatir la "infantilización de la pobreza". Al respecto, los porcentajes son elocuentes: entre pasivos mayores de 65 años el índice de pobreza es de un 9.2% mientras que entre menores de 17 años sube a un dramático 49.5%.

No cabe duda que aquí hay un problema estructural como gustan decir los voceros del gobierno. El propio diputado José Luis Blasina, miembro informante del proyecto en Diputados, declaró que la nueva normativa debía apreciarse como el "prolegómeno para un estudio más profundo, estructural, del sistema de seguridad social". Sin embargo, dejó sin explicar por qué ese estudio no se hizo en tres años y medio de gobierno progresista y por qué el Frente Amplio esperó hasta el final(con un plazo constitucional que vence el último domingo de octubre) para parir su dichoso "prolegómeno". Tan a último momento que los 17 artículos que lo componen apenas si recalaron un día en la Comisión de Seguridad Social de Diputados, lo que motivó la protesta de la oposición.

Adentrados en lo estructural, o sea en el fondo del asunto, se advierte que los cambios introducidos conservan intacto el inteligente sistema mixto de la ley de 1995 que rige en la materia y que alumbró la existencia de las AFAP. Contra ese sistema se alzó la izquierda cuando estaba en el llano no sólo negándole sus votos a la ley sino recolectando firmas para derogarla mediante un referéndum . Ahora, cuando los legisladores del Frente Amplio salen a reformar aquella ley que denostaron, aceptan sin remilgos las AFAP, lo que no está tan mal para un simple "prolegómeno". Cultura de gobierno que le dicen.