Jueces de Rivera amenazados de muerte

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Dos jueces de Rivera y sus familias fueron amenazados de muerte mediante cartas. La policía investiga y dispuso vigilancia de los magistrados. Uno de ellos tramita el caso por el que está pedido el procesamiento de otro juez.

Dos cartas, con faltas de ortografía, de entre cinco y seis renglones, fueron dejadas por debajo de las puertas de los dos jueces letrados de Rivera, Rodolfo Souto y Federico Tobías

Se trata de amenazas de muerte concretas. Una de ellas incluso advierte a la esposa de uno de los magistrados e hija de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que perderá su embarazo en caso de que no se termine con una investigación en curso.

Las cartas están redactadas como si fueran escritas por una mujer cuyo marido es el investigado, dijeron fuentes del caso a El País.

Lo sucedido fue denunciado por los jueces a la Policía, que inició una investigación, la que incluye vigilancia a los magistrados y sus familias. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron comunicados de las amenazas.

Para acceder a los pasillos donde se encuentran los apartamentos de los magistrados es necesario previamente abrir una puerta que da a la vereda y que siempre está cerrada con llave. La persona que dejó las notas logró traspasarla sin violentarla.

investigación. Souto es el magistrado que tiene a su cargo el expediente en que la fiscalía pidió el procesamiento por conjunción del interés personal y público de un juez que trabajó en ese juzgado de Rivera y que meses atrás fue trasladado a un juzgado del litoral. Souto viajó ayer a Bogotá (Colombia), a un curso de Unicef sobre menores. El juez investigado recusó a Souto y solicitó la nulidad de pruebas reunidas en el expediente por considerarlas ilegales. Estas pruebas son fundamentalmente escuchas telefónicas en que presuntamente el juez indagado habla con otra persona a quien le aconseja qué declarar en un caso que antes intervino y pide no ser mencionado. Recientemente, este magistrado también denunció penalmente a Souto, por considerar que se extralimitó en su trabajo en ese expediente.

Cuando declaró ante Souto, el juez investigado alegó que todo el caso se trata de una maniobra para desprestigiarlo, orquestada por el magistrado Tobías -familiar de un ministro de tribunal de apelaciones y casado con la hija de un miembro de la Suprema Corte de Justicia- de lo que no aportó pruebas hasta el momento.

Semanas atrás, Souto concurrió a hablar con los ministros de la Corte para explicar su actuación luego que el juez indagado presentó una nota cuestionando como se desempeñó en el expediente que lo involucra. Los ministros de la Corporación judicial decidieron no iniciar una investigación administrativa ni tomar otras medidas hasta que haya una resolución sobre el pedido de procesamiento fiscal, para que no se entienda que su decisión incidió en algún sentido.

En marzo de este año y tras cuatro años en el juzgado de Rivera, el juez indagado fue trasladado a otro departamento.

Souto fue trasladado desde Río Branco a Rivera, donde había trabajado como fiscal.

El caso por el que es investigado un magistrado tiene relación con una moto presuntamente robada en Brasil, que fue incautada a un hombre en Rivera. El juez intervino en el caso, entregó la moto al individuo y no realizó más actuaciones en el expediente.

Pero su sucesor, Rodolfo Souto, retomó el caso y lo envió a fiscalía, que solicitó pruebas y luego el procesamiento por receptación del hombre al que se incautó la moto.

Paralelamente, Souto realizaba una investigación sobre motos, cuando al celular del juzgado -que empleaba el juez anterior- llegó un mensaje de texto diciendo que había sido citado por el caso y preguntando qué debía declarar. Souto decidió abrir un presumario, ordenó a la Policía averiguar de quien era el celular y realizarle escuchas telefónicas.

El mensaje de texto había sido enviado por el depositario de la moto y entre las conversaciones fue detectada una del ex juez de Rivera desde el teléfono de su actual juzgado con un amigo del indagado en la que le aconsejó qué declarar en la audiencia y solicitó que no se lo nombre ni involucre en nada.

El contenido de la conversación fue confirmado por el interlocutor del juez, pero éste se negó a escuchar las grabaciones que consideró ilegales.