Acosados

No hace falta poner en juego la imaginación ni recurrir al vuelo de la fantasía, porque la realidad es más febril que todo eso. Las páginas de noticias policiales de tres matutinos montevideanos pertenecientes al viernes 26, contenían una masa de información capaz de apabullar al lector y desencadenarle una reflexión bastante sombría sobre la situación que se vive actualmente en la materia. Una de esas páginas anunciaba el asesinato de un joven de 18 años procedente de Tacuarembó, que se desempeñaba como sereno en un almacén del Cerro y fue baleado mortalmente por asaltantes que pretendían rapiñar el establecimiento. La noticia decía que esa víctima trabajaba de noche para mantener sus estudios en la Escuela Técnica Marítima y agregaba que la Brigada de Homicidios detuvo a tres muchachos que serían los responsables del crimen, los cuales sin embargo quedaron el libertad por haber negado ante la Justicia lo que habían confesado ante la policía. Como ocurre en tantas ocasiones similares, un individuo trabajador y provechoso para la sociedad es abatido por seres cuya inutilidad se combina con el ejercicio de la violencia y el desplante criminal, con lo cual la gravedad del hecho se multiplica considerando la pérdida de una víctima inocente y las atenciones (policiales, judiciales, psicológicas y carcelarias) que deben prestarse a los culpables.

En esa misma página del viernes pasado, otra nota hacía referencia a un sujeto de 23 años que había salido de prisión cuatro días antes y fue nuevamente detenido tratando de robar en una casa de Carrasco. Al costado de esa información, un tercer texto hacía saber que un patrullero transportaba a cuatro adolescentes arrestados por asaltar un ómnibus, pero debió detenerse para capturar a otros dos menores sorprendidos al robar a una joven en plena calle. Las edades de los seis detenidos oscilan entre 15 y 16 años. En la página siguiente, el mismo diario informaba sobre varios vecinos del Prado que intentaron incendiar una estación de servicio abandonada, porque allí funcionaba una boca de venta de drogas y sus denuncias al respecto no habían obtenido respuesta alguna de la policía, a pesar de haber reiterado esas llamadas. La misma página aludía a otros seis sujetos arrestados por comercializar pasta base, algunos de los cuales habían salido de la cárcel pocos días antes.

En otro matutino se hablaba en cambio del niño de 12 años detenido luego de atracar a mano armada a varios ómnibus. Internado en dependencias del INAU, el culpable no puede ser privado de su libertad ni juzgado por los delitos que cometió, ya que tiene menos de 13 años y es por lo tanto inimputable según el Código. Mientras las autoridades del INAU señalaban que se había convertido en una especie de héroe para los demás menores internados, el niño declaraba ante la Justicia, admitía que no iba a la escuela "por carecer de materiales" y se reconocía dispuesto a matar "para que no me maten a mí". Sus padres están separados desde hace cuatro años y el muchacho admitió que "pasa el día con otros jóvenes cometiendo hurtos". La misma página agregaba otros incidentes vinculados con menores: uno de 15 años asaltó a la salida de un banco a un hombre que acababa de efectuar un retiro, tres de 16 años fueron arrestados luego de cometer seis rapiñas a taxis y uno de 14 años escapó de la policía después de robar en una carnicería de La Teja.

Otro de los diarios divulgaba ese mismo día la poco tranquilizadora noticia de que el Departamento de Investigaciones aclaraba solamente el 13% de los delitos que se cometen en Montevideo, lo cual permite realizar una sencilla operación aritmética para concluir que el 87% de esos hechos no se resuelve. La cifra puede ser alarmante para una población cada día más asustada por la situación, que se siente asediada por esas actividades criminales y tiene la sensación de que dicho cuadro se agrava paulatinamente, aunque las autoridades del Ministerio del Interior aseguren que no es así y que una parte del clima de inseguridad es consecuencia de la forma en que la prensa y los demás medios periodísticos presentan sus informes en la materia. A esta altura ya resulta difícil estar de acuerdo con la interpretación formulada por las autoridades.

Tampoco es alentador que esas manifestaciones ministeriales pongan énfasis en sus reproches al estilo con que el periodismo informa sobre el mundo del delito, y en cambio no manejen una vehemencia similar para solidarizarse con el temor de la ciudadanía, compadecerse públicamente del padecimiento de las víctimas o reconocer su cuota de responsabilidad ante la dramática situación que se vive. Lo que hacen por el momento es desquitarse con el mensajero de las malas noticias.