Bajo las aguas

Juan Oribe Stemmer

El Día del Patrimonio es más que una oportunidad para visitar museos, residencias y otros sitios de importancia para nuestra historia y cultura, o de presenciar alguno de los muchos espectáculos organizados con aquel motivo. Es la oportunidad para meditar sobre lo que hacemos para proteger tan rico acervo.

Mucho se está haciendo en ese respecto. Como lo demuestran el proyecto del Frigorífico Anglo en Fray Bentos y los intentos para preservar el castillo del barón de Mauá, en Mercedes. También queda mucho por hacer (basta mencionar el caso de la Estación del Ferrocarril Central del Uruguay, abandonada a su triste suerte, o el caso de cuadras enteras de la Ciudad Vieja de Montevideo, en ruinas).

Estas omisiones hablan de las dificultades que encuentra el Estado para cumplir con su deber de proteger el patrimonio histórico, y revelan aún más acerca de una sociedad que contempla con indiferencia -o ignorancia- tanto deterioro y desperdicio.

Suele decirse que el Uruguay vive de espaldas al mar y sus ríos. Puede ser. Pero la realidad es que nuestro país nació del mar y vive gracias a las comunicaciones marítimas con el resto del mundo. Somos el producto de una rica historia acuática. Es importante que exista un marco legal adecuado que proteja eficazmente los vestigios de esa historia que, de diferentes formas, sobreviven, aunque sea precariamente.

El Estado, nuestra sociedad, nosotros, no hemos sido capaces de crear una legislación específica para proteger los restos de los naufragios antiguos en la costa y el litoral uruguayo. En lugar de ello, y por años, se insistió en aplicar normas pensadas para el salvamento de buques y cargas comerciales, que contemplan urgencias y prioridades muy diferentes.

Es cierto que en el año 2006 se dio un paso importante para cambiar aquel derrotero.

Un decreto reconoció expresamente que "las autoridades culturales reconocen que los naufragios históricos son sitios arqueológicos sumergidos y como tales deben ser abordados de forma de estudiar su significado" y suspendió la recepción de nuevas solicitudes de búsqueda de buques hundidos en aguas uruguayas, excepto de proyectos cuyos "objetivos sean exclusivamente científicos y cuenten con la aprobación de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación".

Sobre esa base, en el caso de las obras de la nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo se exigió aplicar un completo programa de evaluación arqueológica, que ha dado resultados realmente sorprendentes.

Pero, hace falta pasar de los casos individuales a la formulación de una estrategia general. La experiencia internacional demuestra que el mejor camino para emprender proyectos de rescate del patrimonio histórico sumergido es reunir los esfuerzos del Estado, la comunidad universitaria, los aficionados por la historia marítima, los pescadores y la comunidad costera y, cuando corresponda, la empresa privada.

Es el mejor camino.

Mientras tanto, el Uruguay debería ratificar la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático aprobada por una conferencia internacional convocada por Unesco, en noviembre de 2001. Este tratado, que establece un completo conjunto de normas relativas a su estudio y conservación de aquel legado sumergido, ya ha recibido 18 ratificaciones, lo que sugiere que entrará en vigencia dentro de poco tiempo.

Sería un buen broche para el Día del Patrimonio.