La Caja Policial

FRANCISCO GALLINAL

Durante los dos últimos años, desde el Senado de la República, le llamamos insistentemente la atención al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de legislar respecto a las Cajas Policial y Bancaria, en atención a las dificultades por las que ambas atraviesan. Señalamos también que de no entrar en materia, corríamos el riesgo de que a último momento se terminara apurando una solución con las consecuencias negativas que la urgencia siempre trae aparejadas.

Lamentablemente no fuimos escuchados y hoy el gobierno, a las apuradas, y sin tener las cosas claras, con idas y venidas, nos va a tratar de imponer la reforma de ambos institutos provisionales, el policial y el bancario. Vamos a hablar del policial.

El más grave error que comete el gobierno al plantear la reforma de la Caja Policial estriba en desconocer la razón de su existencia. No porque sí hay una Caja que ampara especialmente a estos trabajadores. Dotar a los policías de una Caja propia, distinta al Banco de Previsión Social, significa reconocer una realidad, cual es la de que la policía desempeña una función importantísima para al vida del país, llena de riesgos y que merece, por tanto, un tratamiento especial. Tan especial que no se le puede pedir al que desempeñó dicha riesgosa tarea, que al momento de jubilarse tenga las mismas causales, la misma edad, los mismos años de servicio que quien desempeña una tarea laboral de carácter normal que no está sometida a los problemas, a los que está sometido un agente de policía.

Esa es una verdad que no admite réplica y que debe ser el punto de partida para toda discusión sobre el tema. De no ser así, bastaría con eliminar la Caja e incorporar a estos funcionarios al régimen general de la Ley 16.713. Tan es así que la Caja fue, es y será siempre un Organismo subsidiado, en lo que no puede considerarse un gasto sino una inversión. Hoy tiene prácticamente una relación activo pasivo, a la par. ¿Por qué? Pues porque cuando el país destina recursos a la Policía, invierte y no gasta.

Simultáneamente debemos considerar, en estos tiempos, la crítica situación que vive el país en materia de seguridad pública de la que tanto hemos hablado. Es una pésima señal para quienes, como los policías, cargan con la responsabilidad mayor de combatir la delincuencia, esta de decirles que el premio o la recompensa por tanto sacrificio va a ser cada vez menor; que se les va a exigir más años de trabajo, que es mejor que se vayan ahora y no dentro de unos años, en los que van a percibir menos jubilación decapitando de esa manera a buena parte de la plana mayor.

La Ministra Tourné debería tomar cartas en el asunto; la Policía espera de ella la actitud de salir a defender a la Institución y no ceder ante las presiones del equipo económico. Su gestión, ya crítica por no demostrar una actitud de compromiso con la seguridad pública y de defensa de los integrantes del Instituto, no va a mejorar ni lograr buenos resultados si la jerarca no se pone a la cabeza de las demandas razonables que surgen de los cuadros policiales activos y pasivos.

Algo hemos avanzado en estos días en la Comisión del Senado. Pero la Ministra no puede admitir que le quiten garantías a quienes en nombre de su Ministerio, pero en la representación del país entero, procuran llevar tranquilidad y paz a la familia uruguaya.