La OEA analiza caso de ex policía

La abogada Gabriela Mendoza presentó una petición de contralor ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por el caso de un preso uruguayo en que sostiene se violaron garantías constitucionales y convenios internacionales ratificados por Uruguay.

Mendoza representa a Óscar Piastre, un ex policía que en agosto de 1999 fue procesado por rapiña con privación de libertad (copamiento), asociación para delinquir y receptación. La fiscalía pidió que se le condene a 16 años de penitenciaria, pero la sentencia de primera instancia fue recién dictada en septiembre de 2007 y apelada días después.

Para la abogada el expediente tuvo demoras "injustificadas y violatorias de toda norma interna e internacional sobre las garantías del debido proceso". Afirmó que en 1999, su defendido residía en Brasil y que fue detenido en una ruta de ese país por policías uruguayos que perseguían a Julio Guillén (alias Cotorra Loca), que lo entregaron a policías brasileños y luego fue trasladado a una seccional de Rivera.

Para la profesional, esa detención fue ilegal, "puesto que sobre el mismo no existía ni orden de captura nacional y mucho menos internacional, ya que en ese caso se hubiese solicitado su arresto preventivo con fines de extradición".

La abogada señaló que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan y que sin embargo hace nueve años que está preso, actualmente en el Comcar.

Recordó que el ex policía se sometió a una prueba de polígrafo a su costo y que la misma indicó que no participó del copamiento al aeropuerto de Rivera del que se le acusa, pero que si bien la fiscal del caso no se opuso a que se hiciera esa prueba luego la rechazó por considerarla inadmisible.

Mendoza dijo que en 1998 su defendido era policía y le comunicaron que tenía un requerimiento de un juzgado de Rivera. Entonces se fue a vivir a Brasil y tiempo después fue dado de baja.

Previo a esta petición a la OEA, la abogada recusó a la fiscal que interviene en el expediente, pero el fiscal de Corte desestimó el planteo.

Mendoza indicó que la fiscal está casada con el receptor del Juzgado que tramita el expediente, que "es el ahijado del autor intelectual del delito que se realizó por lo que hubo personas que quedaron fuera de la investigación".

La abogada también denunció ante la Corte al juez de la causa por el atraso del caso.