La Corte y el artículo 422

La Corte Electoral, según informes fidedignos, tenía en 1985, 1.592 funcionarios. Una década más tarde su número se había reducido a 1.346, entre cargos presupuestados y contratados permanentes. Pero la Corte sólo disponía, efectivamente, de 1.127 funcionarios, en razón de la vacancia de 219 cargos.

La presupuestación de 135 contratados, autorizada por el artículo 531 de la Ley 16.736, de 5 de enero de 1996, llevó dicho número a 1.292. Pero luego, la jubilación progresiva de muchos funcionarios redujo su número a 1.120 en el año 2000. Que son tan sólo, al presente, 965.

Y es en ese panorama harto preocupante, respecto del eficaz cumplimiento de las trascendentes funciones de la Corte, que irrumpe el artículo 422 de la ley de Rendición de Cuentas en vías de promulgación -si ya no se verificó la misma-, que dispone: "Suspéndese a partir de la promulgación de esta ley y hasta el 30 de junio de 2010 la facultad otorgada a la Corte Electoral de proveer vacantes. Exceptúase de dicha suspensión por el período comprendido entre la promulgación de la presente ley y el 28 de febrero de 2009 la provisión de hasta 30 vacantes en el último grado del Escalafón Administrativo".

No se precisa ser muy zahorí para advertir que el inventor de esta disposición más que infeliz -el senador Gargano-, en su afán de perjudicar a la Corte, no sólo le cercenó la posibilidad de aumentar razonablemente su personal mediante el ingreso de nuevos funcionarios, pues noventa eran las vacantes existentes en dicho último grado. Le quitó también la facultad de proveer cualquier vacante que se produzca, aún en los grados superiores de sus escalafones, por fallecimiento o jubilación de sus titulares.

No pensó, el miope redactor del artículo 422, que, al llevar hasta ese extremo su fobia contra la Corte, no conjuraba el "peligro" de que ésta aumentara su funcionariado ni impedía un modestísimo incremento del gasto público -que él y todos los legisladores frentistas han elevado sideralmente-, sino que, además, desconocía el derecho al ascenso de los aspirantes a cubrir tales vacantes.

Ello, por supuesto, es inconstitucional. Pero más lo es que la ley le niegue su atribución natural de ascender a sus funcionarios a los cargos vacantes, de la que es titular como jerarca de un sistema orgánico absolutamente independiente de los tres poderes del gobierno. Pero tal inconstitucionalidad, con ser manifiesta, no es lo más censurable de esta agresión a la Corte, de esta revancha irresponsable contra un organismo clave en el funcionamiento de nuestro sistema democrático, por la circunstancia de que no cuenta con mayoría frentista.

Algo de lo que sus miembros no son responsables en forma alguna.

Lo más censurable es que, con una Corte que el año próximo va a estar absolutamente sobrecargada de tareas -cierre del período inscripcional, elecciones internas de los partidos, nacionales, un seguro balotaje y, tras cartón, comicios departamentales en mayo del 2010-, se arriesga a que la misma se vea desbordada y cumpla mal sus funciones, por insuficiencia de personal.

Ello es muy grave. Para todos los partidos políticos, incluido el que hoy gobierna el país, y para la ciudadanía en su conjunto, que siempre ha tenido en la Corte Electoral -hasta durante la dictadura- una garantía invulnerable para el correcto ejercicio de su derecho al sufragio y del respeto de sus pronunciamientos en las urnas.

¿So pretexto de qué, entonces, se ha incluido en la Rendición de Cuentas ese malhadado artículo 422, mientras simultáneamente se crean más de mil cargos y se autoriza a varios Ministerios a contratar personal zafral, becarios y pasantes sin límite alguno?

El despilfarro de recursos, con inequívocos fines electorales, es cuantioso. Sólo a la Corte Electoral -y a la Fiscalía de Corte- se las condena a esta llamativa austeridad.

Vuela muy bajito este gobierno con marcadas señales de resentimiento. Y que cambia de Ministro de Economía, ya lanzado el cesante a una frenética carrera electoral, al son del bombo y del redoblante, en un acto político impropio de la seriedad republicana y más propio de lo que por momentos parecen ser: una murga.