Echan a Jefe del Ejército argentino

El militar fue procesado por un caso de corrupción

Buenos Aires | El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Roberto Bendini, fue destituido ayer de su cargo por la presidenta Cristina Fernández, publicó ayer el diario La Nación en su edición digital, citando a fuentes oficiales.

La decisión ocurrió luego de que la Justicia lo procesara por presuntos actos de corrupción. El jefe de Gabinete, Sergio Massa, dijo ayer que Bendini había solicitado su relevo y pase a retiro, y que la mandataria estaba "haciendo una evaluación".

Ese pedido se produjo a pocas horas de que un tribunal de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut -a unos 1.800 kilómetros de Buenos Aires-, procesara sin prisión preventiva a Bendini por el presunto desvío de fondos públicos, mientras de desempeñaba como jefe de la XI Brigada Mecanizada, entre 2001 y 2003.

La causa llegó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a pedido del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y el fiscal federal de Río Gallegos, Miguel Angel Segovia. Ambos acusan a Bendini de haber abierto, en abril de 2002, una cuenta bancaria no oficial en la que depositó recursos extrapresupuestarios, por aproximadamente 160 mil dólares, y que manejó de manera discrecional.

El procesamiento es por el delito de peculado, que prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.

Más temprano, 13 subordinados de Bendini habían pasado a disponibilidad por presuntos casos de corrupción en dos dependencias del ejército.

CONFIANZA. El militar era un hombre muy cercano a la presidenta Cristina Fernández, y también a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner. De hecho, Bendini asumió la Jefatura del Ejército en mayo de 2003, junto con el ex mandatario.

La presidenta lo reafirmó en su cargo al asumir en diciembre de 2007, pero cortó la relación tras el procesamiento.

Bendini había quedado comprometido luego de una investigación del Ministerio de Defensa, que denunciaba un sistema irregular de contrataciones de bienes y servicios en las Fuerzas Armadas. Según esta investigación, el posible fraude al Estados alcanzaba los 40 millones de pesos argentinos (casi trece millones de dólares). "Si no hay indicios que lo encuentre como sospechoso, no hay motivos para echarlo", dijo un ministro en su momento. LA NACIÓN /GDA y AGENCIAS

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