En la maniobra para ocultar el origen de US$ 800.000 que Venezuela envió a Argentina en 2007, para la campaña presidencial de Cristina Kirchner, el gobierno venezolano no quería facilitar documentos públicos que lo comprometieran en el envío del dinero, según declaró este jueves el abogado Moisés Maiónica.
El jefe de inteligencia de Venezuela, Henry Rangel Silva, le había advertido que ni la petrolera estatal venezolana PDVSA ni ninguna otra empresa pública de ese país iban a aportar un documento falso de pago que el empresario Alejandro Antonini exigía para decir que era suyo el dinero que le incautaron en Buenos Aires, dijo Maiónica.
El gobierno venezolano no encontraba la manera de justificar que los 800.000 dólares hallados en un maletín eran del empresario, ni tampoco la forma de enviarle los 2 millones de dólares que pedía Antonini para participar de la operación de silenciamiento, declaró el abogado en una corte de Miami.
"El gobierno no estaba de acuerdo que el dinero se justificara a través de un documento de PDVSA ni de ningún órgano oficial porque eso establecería una conexión gubernamental con el caso del maletín", declaró Maiónica, que mientras intentaba negociar con Antonini a fines de 2007 fue detenido y acusado por Estados Unidos de agente ilegal de un gobierno extranjero.
El abogado se declaró culpable y comenzó a colaborar con la fiscalía estadounidense, que pidió su declaración en el juicio donde se juzga a otro venezolano, Franklin Durán, también acusado de agente encubierto por los mismos hechos.
Para afirmar que el dinero incautado en Argentina pertenecía a Antonini y no al gobierno venezolano, había que conseguir un documento que mostrara que él lo había ganado, y otro que justificara que lo declaró al salir de Venezuela, detalló el abogado.
Además Antonini y Maiónica se reunieron varias veces para definir cómo el gobierno venezolano le haría llegar los dos millones de dólares que él exigía como parte del acuerdo para ocultar los hechos.
"El pago debía ser en efectivo", contó Maiónica. "Conversamos sobre la posibilidad de que él designara una persona de su confianza que retirara el dinero en Venezuela, fuera a una casa de cambio, pagara un 3 o 4% de comisión y lo transfiriera a una cuenta suya en el exterior", contó Maiónica.
"Pero él decía que no tenía a nadie de confianza en Venezuela", agregó.
Antonini, que tiene ciudadanía estadounidense además de la venezolana, nunca acordó con el gobierno de Caracas.
En cambio, denunció las presiones que recibía del FBI y grabó conversaciones clave que están siendo utilizadas como pruebas en el juicio en Miami contra supuestos agentes encubiertos de Venezuela.
AFP