Delincuencia y temor

HEBER GATTO

Nadie debería discutir la alta correlación entre pobreza y delito. Por más que esta correspondencia, examinada más de cerca, admita precisiones y rebajas. No solamente porque la pobreza extrema se asocia a una multitud de fenómenos cada uno de los cuales tiene consecuencias independientes, sino porque la marginación que suele acompañarla, cuando es voluntariamente asumida como estilo de vida, especialmente en ciertas modalidades de cultura juvenil, admite causas o concausas que no siempre se asocian con ella.

Un fenómeno que resulta visible en el caso de las bandas o en la aparición, como está ocurriendo en el Uruguay, de culturas juveniles diferenciadas, más por el lugar de residencia que por la capacidad económica de sus integrantes.

En Latinoamérica, donde la desigualdad es de las más altas del mundo, no se da un paralelismo estricto entre pobreza y delito, lo que lleva a que países como Brasil y Argentina presenten índices delictuales mayores que algunos países centroamericanos cuyo producto per cápita es notoriamente más reducido.

El Uruguay, que registra un espectacular crecimiento económico en los últimos cinco años, mantiene, no obstante, porcentajes crecientes en el número de delitos. Una divergencia similar, como anota el sociólogo Luis Bibbo en este mismo diario, a la que ocurre con los afrodescendientes, que pese a integrar los sectores más pobres de la población, presentan índices de criminalidad casi tres veces menores que el resto de la población de su misma condición socioeconómica. Un ejemplo impactante de como la pobreza, por sí sola, no explica la delincuencia.

Más válido es decir que los jóvenes instruidos se van y los jóvenes sin instrucción delinquen. Lo que surge del hecho que más de la mitad de los delitos son cometidos por jóvenes de escasa educación, menores de veinticinco años. Lo cual, si no descarta la pobreza, le impone mediaciones. Una independiente: la edad; otra dependiente: la educación. Pero que en todo caso, dada la necesidad de elegir, señala a la instrucción, primaria y secundaria, como absoluta prioridad en la lucha contra la violencia. Precisamente un campo donde poco se ha conseguido con provecho en los últimos años, salvo el debate, mal planificado y peor realizado, referido a la reforma educativa.

Esto en lo atingente a la prevención de la delincuencia, una tarea de mediano y largo plazo, donde los resultados se miden por décadas y no por años. Y en el que las responsabilidades vienen de lejos. Pero que además, poco tiene que ver con el Ministerio del Interior, encargado de combatir al delito, pese a los desvelos de la ministra para recordarnos en cada una de sus intervenciones, cuál es su etiología.

Menos útiles todavía, resultan sus incursiones en sociología de las comunicaciones, procurando convencernos, con lenguaje sesentista, cómo los medios deforman la realidad para inducir temor.

La ministra parece no haber advertido algo conocido desde McLuhan: si los medios se valen del miedo es porque el mismo ya está instalado en la sociedad. Como buenos vendedores no crean demanda sólo la satisfacen.

Así Sra., no mate al mensajero, procure ganar la batalla.