¿Son los medios los culpables?

Gustavo Penadés

Nos enteramos que el gobierno teme que los medios de comunicación puedan poner en riesgo la democracia. Además, parecería ser que cuando los medios de comunicación abordan la crónica roja lo harían con una segunda intención: intentar transmitir miedo a la ciudadanía. Por otra parte, nos encontramos con que un Jefe de Policía, cargo de confianza del Poder Ejecutivo, se saltea al Ministro y se despacha a placer contra el Comisionado Parlamentario, y todo termina en una reprimenda. Y, como frutilla de la torta, la exhibición en un acto político de las imágenes de legisladores compañeros en aras de la justificación de la propia incapacidad.

El Ministro del Interior es por tradición el ministro de Gobierno. Es aquel en quien el Presidente de la República confía cuestiones de suma importancia: el orden interno, el relacionamiento con los actores políticos, y el normal desarrollo del proceso electoral. Cierto es que en otras épocas los ministros del Interior bajaban al ruedo partidario y actuaban como un dirigente político más. También es cierto que la sensibilidad frente al Parlamento era otra.

Desde la restauración democrática los ministros del Interior actuaron, más allá de episodios muy puntuales, co-mo lo que deben ser: Ministros del Gobierno; personal de confianza del Presidente, encargado de llevar adelante políticas nacionales y no partidarias. Últimamente, por el contrario, ese Ministerio ha adoptado una actitud de responsabilizar a los otros de sus propios errores, ingresando en una relación peligrosa con el sistema político y la sociedad.

Se ataca a los medios de comunicación como artífices del "miedo de la gente". ¿Necesitan las personas acceder a la crónica roja para saber que se vive en la inseguridad? Creemos que no. Basta con lo que ellas y sus vecinos y familiares experimentan. Y, es más: solamente una mínima parte de los episodios de violencia son los registrados por los medios de comunicación.

Más, esa acusación que se hace a la ligera y que, por repetida, deja de sorprender, es en sí misma gravísima. ¿Realmente se cree en ella? ¿Existe una conspiración antidemocrática que utiliza la inseguridad pública para poner en jaque a las instituciones? Si así fuera: ¿quiénes están detrás de ella? ¿Qué fines persiguen?

Las posibles respuestas son dos: una es que las afirmaciones son nada más que un argumento político para licuar la propia responsabilidad. La otra, es que realmente se está convencido de ello. La primera de las respuestas de por sí quita toda autoridad moral a quien la utiliza y es de una gravedad tal que implicaría el inmediato relevo del cargo.

La segunda de las respuestas ameritaría una convocatoria urgente por parte del Presidente de la República a los líderes políticos para compartir la información que posee, a efectos de que el sistema político y el Poder Judicial adopten las graves medidas que, sin duda, se deberían tomar.

Hasta ahora los elementos de juicio de que disponemos hacen suponer que se está ante la primera hipótesis: tapemos el sol con un dedo y acusemos a los medios de comunicación. ¿Es posible aceptar sin más tal proceder? ¿Hasta cuándo? Esperamos que el señor Presidente medite sobre estas cuestiones y asuma las decisiones por difíciles que sean, y que las cosas retornen al cauce que nunca debieron haber abandonado.