Gobierno y oposición reanudan diálogo para evitar descalabro

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LA PAZ | AP, AFP Y ANSA

Se reanudaba anoche un crucial diálogo entre el gobierno y la oposición de Bolivia para intentar encontrar una solución a la crisis política y social que tiene en vilo al país, y que dejó más de 30 muertos la semana pasada.

La violencia parecía en franco descenso en el país, aunque diversas zonas sufrían falta de alimentos o combustible, secuela del corte de rutas en las cinco provincias rebeldes. Éstas anunciaron el levantamiento de estas medidas de protesta como "gesto de buena voluntad". Sin embargo, nada aseguraba que el diálogo llegara a buen puerto. Para empezar, unos 35 puntos del país continuaban ayer bloqueados.

La reunión que comenzó anoche, tenía como protagonistas principales al vicepresidente Álvaro García Linera y a Mario Cossío, prefecto (gobernador) de Tarija, una de los departamentos rebeldes, que representa también a sus colegas y a dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. "El gobierno se presenta con una amplia predisposición a discutir los temas de fondo", incluida la restitución de un impuesto a los hidrocarburos y las autonomías, exigidas por esas regiones, dijo García Linera. "Pero no va a negociar los muertos" registrados el jueves en el departamento de Pando, cuya responsabilidad La Paz atribuye al prefecto Leopoldo Fernández, puntualizó el vicepresidente.

Incluso, la presencia ayer del presidente Morales en el diálogo, algo exigido por la oposición, está condicionada a la firma de una suerte de primer acuerdo, un reconocimiento de los temas a tratar. El gobierno se manifiesta inflexible en lo concerniente a la devolución de las oficinas públicas, plantas y ductos petroleros, un desarme de las protestas y el ya consignado tema de los muertos.

"Los asesinos, los masacradores, serán perseguidos, enjuiciados y encarcelados. Eso no está en debate", enfatizó García Linera.

pando. El viernes hubo un acercamiento entre el gobierno y los gobernadores opositores, pero no se definió nada concreto. Aunque las protestas se iniciaron por la devolución de los fondos que el gobierno descontó a las regiones para pagar un bono a los ancianos, la raíz de la disputa es esencialmente el rechazo de algunas regiones al proyecto constitucional que promueve Morales, la misma que debe ser aprobada en un referendo en enero del año próximo. Dichas regiones están impulsando sus autonomías del gobierno central, ratificadas en plebiscitos realizados a mediados de este año.

Los incidentes más graves ocurrieron en la región amazónica de Pando, donde ocurrieron las más de 30 muertes, en su gran mayoría campesinos partidarios de Morales. El gobierno responsabilizó de esos episodios al prefecto Fernández (y a sicarios brasileños y peruanos por él contratados), y ayer anunció su detención, aunque posteriormente aclaró que no fue así.

Fernández no emitió ayer declaraciones, pero fue visto caminando por las calles de la ciudad de Cobija, capital de Pando, e incluso fue fotografiado por medios de prensa. Anteriormente, había negado las acusaciones.

La delegada presidencial en Pando, Nancy Texeira, dijo que aún continúa el rescate de personas heridas o muertas que habrían sido emboscadas a la vera de un río en Pando.

Actualmente, la ciudad de Cobija se encuentra bajo estado de sitio. Los prefectos opositores indicaron que esa "no es la mejor manera de iniciar un diálogo", pero que aún así se harán los esfuerzos en pos del mismo "de manera estoica".

El gobierno ya descartó la presencia de Fernández en futuras instancias de diálogo. "Los asesinos no son interlocutores válidos para el gobierno", dijo el vicepresidente, antes de iniciar la reunión con Cossío.

La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se reúne hoy de emergencia en Santiago de Chile para buscar una solución a la crisis boliviana. Uruguay estará representado por el presidente Tabaré Vázquez.

La reunión fue convocada por la presidenta protémpore de la Unasur, la mandataria chilena Michelle Bachelet. Ya confirmaron su asistencia, además de Vázquez, los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), Álvaro Uribe (Colombia), Cristina Fernández (Argentina), Rafael Correa (Ecuador), y Fernando Lugo (Paraguay).

En La Paz, se confirmó que también estará presente el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuya asistencia estuvo en duda hasta ayer.

A la cita también acudirá el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.

Bachelet convocó a la cita luego de hablar el viernes con Morales, quien le dijo que un informe de inteligencia de su país advirtió que "el derrocamiento de su gobierno era inminente", según informó ayer el diario El Mercurio, citando fuentes que no identificó de la sede del gobierno.

El encuentro entre los representantes que asistan de los 12 países de la Unasur, se realizará en La Moneda después del mediodía.

Esta es la primera vez que la Unasur, organismo creado el pasado 23 de mayo, enfrenta una grave crisis política en uno de sus estados miembros.

El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Gold-berg, regresaba ayer a su país luego de negar acusaciones del presidente boliviano Evo Morales de querer socavar su autoridad y de intentar dividir al país apoyando a movimientos separatistas.

"Me gustaría decirles que las acusaciones que se hicieron en mi contra, contra la embajada, contra mi pueblo, son completamente falsas e injustificadas``, dijo el diplomático a la prensa en la embajada de su país. "Estoy saliendo del país con el honor de haber trabajado por la democracia de Bolivia". El miércoles Morales acusó a Goldberg de encabezar un movimiento separatista con los gobernadores de Pando, Tarija, Santa Cruz, Beni y Chuquisaca, por lo que lo declaró persona "non grata`` y le pidió que se fuese de Bolivia.

"Las relaciones en nuestros dos países se han mantenido históricamente por más de un siglo; esta decisión podría tener efectos serios en muchas formas que al parecer no se han evaluado apropiadamente``, dijo ayer el embajador. Particularmente se refirió a la lucha contra el narcotráfico, a la que su país apoya con ayuda económica y logística por más de US$ 100 millones de dólares al año.

Desde la asunción de Morales -enero de 2006- Bolivia y EE.UU. han transitado por una relación diplomática marcada de incidentes. AP y AFP