Aplazan testimonio de Antonini Wilson

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DANIEL HERRERA LUSSICH EN WASHINGTON | CORRESPONSAL PERMANENTE

Guido Antonini Wilson, la figura central del "Valijagate", el caso de los US$ 800 mil sin declarar incautados el 4 de agosto de 2007 en Aeroparque, verá aplazada su esperada declaración como testigo ante la jueza federal de Miami, Joan Leonard.

Antonini, que en agosto del año pasado aceptó cooperar con el FBI a cambio de no ser detenido ni procesado, tampoco será extraditado, según afirman medios judiciales y asesores vinculados al caso. Sólo participa como testigo en el juicio al poderoso empresario venezolano Franklin Durán, acusado de actuar como "agente de un gobierno extranjero en territorio de los Estados Unidos sin permiso de las autoridades".

Argentina y Venezuela han requerido su captura internacional por contrabando y blanqueo de dinero. Mientras tanto, desde hace meses, Antonini Wilson, sobre el que no pesa ningún cargo en territorio estadounidense, está oculto en algún lugar del Estado de Florida, ya que "teme por su vida". Varias veces fueron amenazados él y sus hijos de represalias por haber entregado a los emisarios venezolanos y grabado, de acuerdo con el pacto que firmó a fines de agosto del 2007 con el FBI, todas las conversaciones que involucran a Durán, que se declara inocente, a otro empresario, Raúl Kauffman y al abogado Moisés Maiónica, también venezolanos, y al uruguayo Rodolfo Weensele. Los tres últimos aceptaron ser culpables de las imputaciones judiciales americanas y se mostraron dispuestos a colaborar a cambio de una sustancial rebaja de los años en la cárcel.

Se habla en círculos judiciales, que si la jueza los encuentra culpables les podría corresponden una pena máxima que oscilaría entre los 10 y 15 años de prisión. Los que acordaron cooperar tendrían una reducción que llevaría el máximo solamente a 4 o 5 años.

Las grabaciones realizadas por Antonini, entregadas al FBI, de las conversaciones mantenidas con los venezolanos, descubren al detalle el "viaje de los 800 mil dólares" destinados a financiar la campaña electoral de la hoy presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

El acusado y colaborador, el abogado Maiónica, que declaró a lo largo de la semana pasada y reiteró varias veces que los fondos iban hacia la campaña justicialista de los Kirchner, continuará su exposición los dos días y medio que proseguirá el juicio en la semana que se inicia, miércoles, jueves y la mañana del viernes. Por esta razón Antonini verá retrasada su presencia en los estrados, posiblemente hasta el lunes 22.

Otra de las revelaciones explosivas registradas a lo largo de la primera semana del juicio federal, surgió cuando de una de las grabaciones del FBI se escuchó un diálogo entre el abogado Maiónica y Antonini, en el cual este último reconoce, ante la pregunta del primero, que "había transportado dinero al sur para entregar a altas jerarquías en varias oportunidades y no sólo a la Argentina". No amplía detalles sobre la denuncia de qué otros países, ni proporciona nombres.

No hay duda que la "famosa noche" del 4 de agosto en la Aduana de Aeroparque ha derivado en una intrincada madeja que crece día a día, en una verdadera fotonovela de oscuros episodios con un matiz de "thriller", bien al estilo de Hollywood.

Los US$ 800 mil que quedaron en el aeropuerto de Buenos Aires resultaron la punta de una madeja de una trama mucho más amplia, que implicaba la asombrosa y sorpresiva actitud de intromisión de un mandatario en la suerte electoral de otro, en un hecho que, según los testimonios judiciales, no era la primera vez que ocurría y tenía sus "patas" instaladas en Venezuela, Argentina, Estados Unidos y otros países del Cono sur.

En las grabaciones con la palabra como figura principal de Antonini, y en las declaraciones de Maiónica ante la jueza y el alegato del fiscal federal Thomas Mulvihill, quedan en evidencia no solo las entregas de dinero, sino también la notoria intervención de jerarcas de Venezuela y Argentina en el operativo maletín y en el proyecto de "tapar" en un Juzgado argentino todo el asunto archivando la acusación de contrabando y lavado de dinero sustanciada contra Antonini.

A lo largo de los diálogos filmados y grabados en dos restoranes de Miami con la presencia del maletero, Maiónica, Durán, Weensele, Kauffman y un quinto, jerarca policial venezolano, Antonio José Canchica, que se evaporó cuando el "Valijagate" empezó a tomar volumen de gran escándalo, salen a luz las amenazas de muerte, los intentos de soborno para impedir que trascendiera el origen y el destino del dinero (US$ 2 millones en juego), la directa intervención para dar los US$ 800 mil del presidente de la petrolera venezolana Pdvsa, Rafael Menéndez y de los jerarcas de la misma empresa y su hijo, Diego y Daniel Uzcateguy, y en Argentina Claudio Uberti, ex funcionario de autopistas nacionales.

Todos los protagonistas por Pdvsa ante un ataque de ira del presidente Hugo Chávez, señalan los testimonies, fueron cesados y quedó encargado de "arreglar silenciosamente todo el asunto" el jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Rangel Silva, quien dio órdenes severas a los cuatro hoy detenidos en Miami, por actuar como agentes venezolanos sin autorización en territorio americano, de "arreglar con Antonini para que conservara su `boca cerrada` y que para evitar sorpresas le "metieran el miedo en el cuerpo".

Todo fracasó ante la férrea negativa de Antonini, que tenía de antemano todo "empaquetado y envuelto con el FBI para hacer una eficaz tarea de espionaje y desentrañar el fondo del asunto.

El FBI había empezado a indagar tiempo antes apenas tomó publicidad lo del maletín en Aeroparque. Surgieron sospechas en aquel momento de blanqueo de dinero de la droga o con destino a financiar el terrorismo. Se detuvo inicialmente a Antonini que explicó lo que sabía y pidió protección a cambio de hablar y colaborar en la investigación.

En esas idas y venidas inquietas de los servicios de seguridad estadounidense, altas autoridades de la DEA, organismo rector de la lucha contra la droga, hablaron con Antonini, Maiónica y Kauffman.

También la pareja de abogados que defiende al único acusado Franklin Duran, de un reputado estudio de Miami, el matrimonio Shohat, confirmó que los US$ 800 mil tenían como rumbo las arcas de la campaña electoral de Cristina Kirchner.

La Fiscalía venezolana reiteró el viernes un pedido para que los funcionarios de Estados Unidos que investigan el escándalo del maletín de US$ 800.000 viajen a Venezuela para declarar sobre sus "actuaciones". La idea es que el fiscal general Alexander Acosta, el fiscal federal Thomas Mulvihill el agente del FBI, Michael J. Lasiewcki, "aporten información" sobre sus "actuaciones" en relación con el juicio.