Vascos aceptaron fallo contra referendo

Madrid | AP y Daniel

Beltrán Rohr, Corresponsal

El presidente del gobierno vasco español, Juan José Ibarretxe, aceptó ayer un fallo judicial que prohíbe realizar un referendo en el país vasco, pero consideró que la medida era una forma de censurar el derecho del pueblo a manifestar una opinión.

"La sociedad vasca debe saber las razones políticas del Estado, que disfrazadas de jurídicas soportan la sentencia, son algo más profundo que un atentado al autogobierno vasco, puesto que en realidad nos encontramos ante la imposibilidad de emitir una opinión", enfatizó Ibarretxe.

Además instó "a toda la sociedad vasca" a hacer una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de lo que consideró un "atropello democrático" que no había que permitir.

La convocatoria a este referendo, que iba a realizarse el próximo 25 de octubre, era considerado el primer paso del País Vasco hacia la independencia de España.

El plebiscito pretendía formular dos preguntas: la primera sobre la posibilidad de sentarse a dialogar con el grupo separatista vasco ETA para que este abandone de forma definitiva las armas. La segunda interrogante era si se estaba a favor o en contra del llamado derecho a decidir de los vascos.

El gobierno español acudió al Tribunal Constitucional luego que el parlamento vasco aprobase el proyecto de referendo en julio.

El ejecutivo definió el referendo, como un intento encubierto de buscar la independencia de una región, que ya goza de un alto grado de autonomía, con control de sus finanzas, propia fuerza política y competencias plenas en educación y cultura.

Ibarretxe manifestó que se trataba de una mera consulta y no de un plebiscito e instó en que no era inconstitucional, debido a su carácter no vinculante.

Pero los magistrados se limitaron a señalar en la sentencia que solamente el gobierno central español goza de autoridad para convocar un referendo y que la cuestión que el gobierno vasco quería plantear sobre la posibilidad de modificar la relación de la región vasca con el resto de España es algo que lo deben decidir todos los españoles y no sólo los vascos. Para Ibarretxe, el tribunal sólo actuó impulsado por motivos políticos.

"Este gobierno entiende tristemente que la propia calidad del sistema autodeclarado en la Constitución española democrática mantiene quiebras difíciles de entender en la Europa contemporánea``, manifestó.