En 2003, casi 300 becarios ingresaron irregularmente -por contratación directa, sin llamado público- a El Correo por decisión de los anteriores directores y continuaron a pesar de informes contrarios de la Auditoría Interna y el Tribunal de Cuentas.

Esta situación es solo una de las anomalías en la gestión del organismo que fueron expuestas por las actuales autoridades de la Administración Nacional de Correos (ANC) ante la comisión legislativa que investiga la gestión de las empresas estatales entre los años 2000 y 2005. El vicepresidente del organismo, Julio Vieytez, y la directora Gianella Vignoli, dieron cuenta además de la contratación de una empresa a un elevado costo para mejorar la gestión de El Correo, que no cumplió con sus objetivos, de un pasivo muy superior al declarado y de una situación general de "caos" en varias áreas de esa administración.

Los diputados decidieron convocar a los ex directores del organismo Jorge Ottavianelli, Esteban Jardin, Gustavo Osta y Diego Martínez. En el período, además, pasaron por el directorio de El Correo Carlos Roca, Julio Guida, Carlos Souza, Jaime Pienica, Winston Elutchanz, Julio Hernández y Carlos Manzor.

CAOS. En materia de gastos y campañas publicitarias, del informe de los directores quedó en evidencia para los legisladores la falta de criterios y asesoramiento técnico adecuado para pautar los avisos.

En cuanto a los recursos humanos, los actuales directores expusieron una "situación caótica" que se vivió en el organismo. Por ejemplo, dijeron que se detectó el pago de cursos de capacitación en universidades privadas a personas que no eran funcionarias de El Correo. También consideraron negativo contratar para mejorar la gestión del organismo a una empresa por $ 400.000 mensuales.

Con relación al ingreso de casi 300 becarios, los directores actuales de El Correo informaron que se detectó que funcionarios de hasta 43 años de edad estuvieron en esa categoría; además, se registró la renovación de becas consecutivamente desde 1996, cuando el máximo legal es de dos años. La ley establece que el máximo de edad de los becarios es de 29 años, según informaron las actuales autoridades.

Hubo pagos de partidas especiales que superaban el límite; y la contratación de 30 becarios más de los que autorizaba el presupuesto del organismo.

PASIVO. También dijeron que hubo otros negocios irregulares, como la comprobación de la existencia de empresas de la red de cobros y pago que durante 17 meses no volcaron el importe de las cobranzas realizadas sin que el organismo lo detectara.

Los actuales directores informaron que se manejó públicamente que el pasivo del organismo ascendía a US$ 8 millones, mientras que la Auditoría Interna de la Nación determinó que el mismo era de unos US$ 20 millones, aunque tampoco se podía dar certezas sobre el monto por la "pésima calidad" de la información contable existente.