MADRID | EL PAÍS DE MADRID

Con sólo cuatro palabras, el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha desatado una tormenta sobre su cabeza. Desde que tomó posesión del cargo, hace cinco meses, venía repitiendo que se proponía revisar a la baja la contratación de inmigrantes en el extranjero, pero el miércoles añadió una coletilla: "Se aproximará a cero" para 2009. El anuncio, interpretado como que el ministro quiere suprimir las contrataciones en origen, ha desatado una ola de críticas entre los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los sindicatos y las organizaciones de inmigrantes.

La contundencia de Corbacho tomó desprevenida a la mayoría de sus compañeros de gobierno e, incluso, a su propio partido, el Socialista. A pesar de ello, todos los altos cargos socialistas consultados salieron en su defensa. Alguno de ellos, incluso, con argumentos que recuerdan al lema electoral del líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen: "Los franceses, primero".

Ése ha sido el caso del portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, quien declaró: "Lo prioritario es atender a los ciudadanos españoles que necesitan trabajar". Y añadió: "Si hay un puesto de trabajo que puede ser cubierto, en función de la cualificación requerida, por un desempleado español, éste tiene que tener prioridad". En agosto, España registró 2,5 millones de desempleados, de los cuales cerca de medio millón son extranjeros. Según el gobierno, lo que pretende Corbacho es utilizar el margen de discrecionalidad que la ley otorga al Gobierno para reducir los contratos estables del contingente anual de trabajadores extranjeros (los trabajadores de temporada se mantendrán) y para reducir el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que elabora trimestralmente el Servicio Nacional de Empleo.

Un miembro del gabinete de Corbacho recordaba ayer que, en algunas provincias, el catálogo recoge como ocupaciones de difícil cobertura las de albañil, camarero o taxista. "¿Puede alguien jurar que no hay en España un solo albañil dispuesto a trabajar en cualquier provincia?", ironizaba.

Pero las cuatro palabras del ministro dejaban poco margen para los matices: la contratación en origen "se aproximará a cero". Incluso el PP (Partido Popular, conservador, en la oposición), que durante varios años mantuvo bloqueados los mecanismos de contratación de inmigrantes, acusó a Corbacho de "cerrar la vía de entrada de la inmigración legal, dejando únicamente la puerta de la inmigración ilegal para entrar en España", en palabras de su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons. La mayoría de los demás partidos del arco parlamentario -desde la Izquierda Unida a la derecha nacionalista del PNV- se mostraron también críticos.

Los argumentos más repetidos contra el anuncio de Corbacho son, además de que vincula la inmigración con la crisis económica, que el cierre de las contrataciones fomentaría la economía sumergida y que favorecería la inmigración ilegal.