¿Anular la ley inoperante?

Gonzalo Aguirre RamÍrez

Los extremistas del odio con los ojos siempre en la nuca y empeñados en distraer al país y a su gobierno de los verdaderos y graves problemas que padece nuestra sociedad, andan juntando firmas para anular la ley de caducidad. Se supone que mediante una enmienda constitucional -aunque ello no está muy claro-, única vía jurídica hábil para alcanzar tal resultado.

Están, los promotores de esta campaña, fuera de la realidad. Su gobierno -con Vázquez al frente- no acompaña su desatino, aunque Mujica, que anda a la caza de votos, les haya firmado su iniciativa. Además, de hecho, la ley que los obsesiona fue derogada por el señor presidente. Esta, a fuerza de declarar el Dr. Vázquez no comprendidos una cantidad de crímenes cometidos durante la dictadura, devino inoperante. Tanto es así, que están presos, los presuntos autores materiales de los mismos, así como el único sobreviviente de los autores del golpe de Estado, Gregorio Álvarez.

Y también están privados de su libertad el presidente copartícipe de dicho golpe, Juan María Bordaberry, y el ex canciller Juan Carlos Blanco, -éste por segunda vez-, por homicidios en los que todos sabemos que no tuvieron participación alguna y que están largamente prescriptos. Lo del Dr. Blanco, con quien se han ensañado cruelmente, configura un auténtico atropello. Han logrado someterlo a un calvario impropio de una sociedad civilizada.

¿A título de qué, entonces, anular, si posible fuera, una ley de caducidad que, desconocida y tirada a la basura por el Dr. Vázquez, no ha impedido su venganza? Porque de eso se ha tratado: de una burda venganza, concretada mediante la aplicación retroactiva de normas penales internacionales y procesando por delitos prescriptos, en plena barbarie jurídica. ¿Qué buscan con la pregonada anulación?

Mientras tanto, en el marco de su poco exitosa campaña de recolección de firmas, circula un papel de autoría anónima, que pretende ilustrar a la ciudadanía sobre los pretendidos fundamentos de la anulación. Constituye, bajo el título, de "Las Preguntas Frecuentes, Las Respuestas necesarias", un conjunto de errores, de hecho y de Derecho, así como de mentiras.

Cuéntase, entre éstas, la siguiente: "En 1989 hubo un referéndum que ratificó la ley de caducidad, ¿por qué convocar otro ahora? Ese referéndum -se contesta- se realizó bajo amenaza de desacato militar y de ruptura institucional. El Parlamento y el cuerpo electoral no fueron totalmente libres".

Esto es una total falsedad. No hubo amenaza alguna. Los militares se mantuvieron al margen de la campaña, como correspondía. Además, el parlamento no intervino en ella, porque quien debía pronunciarse era la ciudadanía, que lo hizo con total libertad. La campaña previa al referéndum estuvo exenta de todo elemento de presión. Esa es la verdad.

Se responde, a la pregunta de "Por qué se dice que es nula, si está vigente", que "La ley está viciada. Es inconstitucional. Ampara crímenes de lesa humanidad, por lo que viola el derecho internacional", a cuyo efecto se invoca el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero éste, a texto expreso, prohíbe su aplicación retroactiva. Lo que es inconstitucional, entonces, es aplicar esas normas retroactivamente.

La ley de caducidad es una amnistía y, por tanto, no puede ser inconstitucional (art. 85-14° de la Carta). Así lo sentenció la Suprema Corte en 1988. Además, una ley confirmada en un referéndum por el Cuerpo Electoral no puede ser derogada ni, mucho menos, anulada.