EDUARDO DELGADO

La próxima semana, un niño de 9 años y sus padres presentarán una demanda por daños y perjuicios contra la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por la contaminación con plomo que sufre el menor.

El abogado demandante será Carlos Rosello, quien logró una sentencia favorable de primera instancia en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, que condenó al Estado a pagar una indemnización de $ 60 mil a un menor que estuvo afectado por plombemia y $ 50 mil a su madre.

En tanto, vecinos de zonas de La Teja, donde hay mayor incidencia de la plombemia, analizan presentar nuevos juicios contra el Estado por este tema, indicó Rosello.

El suplemento Que Pasa de El País publicó una nota el sábado pasado, en que relató parte de la historia de Nahuel, un niño de 9 años con altos niveles de plomo en la sangre, y su madre, Yanina.

La nota da cuenta de que en la escuela las maestras notaban problemas de aprendizaje en el niño, que según su madre adjudicaban a inmadurez, hiperactividad o un reclamo de mayor atención. "Desde primer año va a escuela privada por problemas de aprendizaje. Pero ahora está en riesgo de perder el año", afirmó la madre, de 26 años, embarazada y con otro hijo de 6 años.

A esa situación en la escuela se añadieron fuertes dolores abdominales y de cabeza, además de problemas en la vista. Un mes atrás el niño sufrió un paro respiratorio en clase, sin embargo la madre relató que toda vez que lo llevaba al médico le informaban que los exámenes daban resultados normales.

exámenes. Pero semanas atrás, una maestra citó a Yanina y la madre de otro niño que también tenía problemas de aprendizaje y les comunicó que era porque los menores tenían plomo en la sangre.

El resultado del examen que le hicieron al niño indicó que tiene 23,1 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Según el Ministerio de Salud Pública, el nivel de riesgo es de 20 microgramos, aunque para la Organización Mundial de la Salud es de 10 microgramos.

"No me causa ninguna gracia tener que demandar al Estado, pero es notoria la falta de respuesta en este tema", dijo Rosello a El País. "Si hubiera un planteo concreto, intentaría que los interesados desistan de las demandas en aras de una solución que los beneficie, por ejemplo una policlínica en La Teja, ya que ahora tienen que ir al hospital Pereyra Rossell para tratarse", agregó el abogado.

"La gente siente que está abandonada y con bronca", concluyó el abogado.