El éxito del nuevo mecanismo de defensa a la industria nacional ante subsidios concedidos por otros países que puso en marcha el gobierno dependerá de la "fluidez y eficiencia" con que se implemente, dijo a El País el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Diego Balestra. Si bien la iniciativa fue calificada como "positiva" por el sector industrial, este aspecto sería un posible talón de Aquiles del mismo.
El decreto que lo creó prevé que cuando productos importados produzcan determinados perjuicios a la producción nacional porque están subvencionados en origen, se podrá aplicar un arancel equivalente al beneficio otorgado allí.
Los organismos correspondientes (la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería y la Dirección Nacional de Industrias) tienen 30 días para determinar si la solicitud es formalmente procedente.
Si se entiende que es admitida, se abrirá la investigación, la cual tendrá un plazo de entre un año y un año y medio. Para el presidente de la CIU los tiempos de implementación son extensos. "Es reciente el decreto y lo vemos como positivo. Ahora, vamos a ver el momento en que se ponga en práctica con qué velocidad se obtiene esta igualdad de condiciones", enfatizó Balestra.
El principal de la CIU explicó las diferencias entre el Estado y los privados: "Nosotros siempre decimos que los tiempos burocráticos son bien diferentes a los de las empresas. No es lo mismo un mes para una empresa que un mes para el Estado", remarcó preocupado Balestra.
Como atenuante mencionó el hecho de que durante la duración de la investigación se puedan establecer medidas compensatorias transitorias, si el daño ya se está produciendo, aunque las mismas podrán durar como máximo cuatro meses. Los sectores que echarían mano a este decreto serían la cadena farinácea, alimentos, pañales, higiene y pinturas.