La responsabilidad de los candidatos

HEBERT GATTO

No cabe duda que el senador del Frente Amplio José Mujica resulta una figura diferente dentro de una clase política en general poco visible, dada su opacidad y escasa preparación para la función pública.

Omisiones que a veces predominan en los partidos y llevan a que callarse o decir poco, sea preferible a desbarrar. Un fenómeno agravado por el hecho que el gobierno cuenta con mayorías parlamentarias en ambas cámaras, lo que hace innecesario el debate y la argumentación, debilitando la dimensión deliberativa de nuestra democracia.

En ese panorama de grises sobre oscuros, donde el lugar común suele ser epilogado por la ramplonería, Mujica aparece como un ejemplar de otra especie. No, sin duda, por la elegancia de su idioma, su agudeza intelectual, o la profundidad de su cultura filosófica, pese a sus frecuentes incursiones existenciales, sino por su autenticidad. Por su capacidad para, en toda ocasión, ser él mismo o parecer serlo, quitándole a la función pública la solemnidad y el engolamiento que usualmente la acompañan.

En ese sentido su mensaje, cualquiera sea su contenido, parece reiterar lo mismo: "gobernar no es cosa de especialistas; cualquiera está habilitado para ello"; "vos también podés hacerlo". Una llaneza argumental que permite la inmediata identificación con su figura, algo que, en el esmirriado panorama político nacional muy pocos son capaces de lograr.

Además de constituir el estilo más afín con el populismo, más una modalidad de comunicación y un líder capaz de encarnarla, que un mensaje específico con un contenido articulado y racional.

Mujica representa todo esto a la perfección, como en el pasado uruguayo en un momento lo expresó Benito Nardone, lo que hace de él un líder político de primera magnitud, al que, en la interna de la "fuerza política", no resultará nada fácil doblegar. Pero cuando este liderazgo natural lo aproxima cada vez más a la candidatura, como aparentemente está ocurriendo, su propia opción lo carga de responsabilidades muy distintas a las que tuvo hasta ahora.

La anulación de la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, no resulta un tema menor ni que pueda manejarse con frivolidad. No solamente implica introducir en nuestro derecho un instituto que el mismo desconoce -las leyes se derogan no se anulan- sino que implica subvertirlo desconociendo principios esenciales de la civilización occidental, como el de irretroactividad de la ley penal, la prescripción o el principio de legalidad.

Resultado directo de pretender que una ley no existió cuando estuvo vigente más de veintidós años.

Ninguna de estas consideraciones implica defender a los militares o a los civiles asociados con el peor salvajismo ocurrido en la historia del Uruguay, como nación independiente. Sólo significa tomar partido por garantías esenciales que definen al estado de derecho. Mujica, acaba de cambiar su posición -ahora anuncia adherir a la anulación de la ley cuando hasta ahora la defendía- y lo hace, dice, porque "está podrido" de acudir a los juzgados. Pero este cambio, tan importante para sus eventuales electores, debe fundamentarse.

Esta es su responsabilidad como posible candidato a la presidencia de los orientales.

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