Los secretarios letrados ganan juicio por US$ 1,7:

1/1

EDUARDO DELGADO

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fue condenado a pagar US$ 1,7 millones a un grupo de unos 40 secretarios letrados de las fiscalías.

La jueza de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, les dio la razón a los funcionarios que reclaman ser incluidos en el escalafón N reservado para los magistrados y ordenó que se les pague la misma remuneración que perciben los jueces de Paz de ciudad, tal como lo prevén dos leyes.

La magistrada condenó al MEC a pagar con retroactividad de cuatro años las diferencias salariales entre lo que cobran mensualmente los secretarios letrados y el sueldo de juez de Paz de Ciudad.

El MEC está en plazo de apelar la sentencia, en cuyo caso será un tribunal de apelaciones el que resuelva.

Los secretarios letrados expresaron en la demanda que desempeñan tareas altamente especializadas, en régimen de dedicación total y con incompatibilidad absoluta de realizar otros trabajos como abogados y escribanos. Agregaron que su función es prácticamente la misma que los fiscales adjuntos, por lo que concurren a audiencias en representación del Ministerio Público y Fiscal, cuando así lo dispone el titular de la fiscalía y dictaminan en ellas "con toda la responsabilidad que ello implica".

Para la jueza Cabrera, la situación de estos funcionarios es "un acto administrativo ilegítimo firme", mediante el cual "la administración incurre en una omisión lesiva por violación de una norma legal y constitucional".

Como testigos de los secretarios letrados declararon varios jueces y fiscales, entre ellos Mirtha Guianze, Olga Carballo, Homero Da Costa y Anabella Damasco.

Independiente a este juicio, los secretarios letrados buscan en el Parlamento que por ley se les incluya en el escalafón de los magistrados, puesto que el MEC considera que este tema requiere una solución legislativa. Recientemente fueron a las comisiones de Presupuesto de Diputados y Senado y se reunieron con la bancada del Frente Amplio. Entre los perjuicios que les genera no tener la calidad de magistrados está la incapacidad de acceder a formación y becas reservadas sólo para ese escalafón y de otros beneficios jubilatorios.