Regularizar el Servicio 222 costaría US$ 100 millones

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DANIEL ISGLEAS

El servicio policial 222 es un dolor de cabeza para el Ministerio del Interior. No puede ser regularizado por su elevado costo, que ronda los US$ 100 millones, y tampoco fue exonerado del IRPF como la ministra Daisy Tourné esperaba.

Por cada $ 100 que genera un policía al cumplir ese servicio de vigilancia a privados u organismos públicos, $ 80 son para el funcionario, $ 19 se entregan a la Jefatura y $ 1 va para el Ministerio del Interior que lo destina a comprar uniformes y armas. El régimen está "en negro". No registra aportes al erario por sí mismo y tampoco genera fondos para la jubilación del policía. Pero forma parte de la masa salarial y está gravado con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

DOS CAMINOS. La ministra tiene dos ideas al respecto: una es regularizarlo como rubro independiente del ingreso del agente policial. Para eso, señaló que hay un impedimento grande: costaría cerca de US$ 100 millones y no hay espacio fiscal para hacerlo de una sola vez.

Descartado esto por razones claras, la otra idea que trató de impulsar en el Poder Ejecutivo fue que se le exonerara del IRPF a la partida que cobran los policías, según explicó durante una reunión con los miembros de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes.

El anuncio de los US$ 100 millones sorprendió a los legisladores, reconocieron a El País varios integrantes de la oposición. La cifra equivale al costo de los cambios a la reforma tributaria anunciados el lunes por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Economía, Danilo Astori.

Para colmo, Tourné reconoció en la comisión que varias intendencias del Interior, más Ancap, UTE y OSE, tienen "muchos meses de atraso" en sus pagos a los funcionarios policiales que cumplen el servicio 222, lo que le ha generado "muchas dificultades" en su relacionamiento con ellos.

Tourné, además, reconoció que el Ministerio de Economía no libera algunas partidas en tiempo y forma, lo que demora la liquidación de sueldos. Por eso, la ministra pidió a la comisión que haga gestiones para "sensibilizar" a los organismos deudores.

Tourné apuntó que había planteado en el Poder Ejecutivo la posibilidad de exonerar al 222 del pago del IRPF, pero dijo que no tuvo suerte y que eso no vendrá en el ajuste a la reforma tributaria. Y dado el costo que estima para la regularización del sistema, unos US$ 100 millones, señaló que es "imposible" hacerlo de una sola vez. Pero también manifestó su seguridad de que como se va a aumentar el mínimo no imponible, la mayoría de los policías no lo pagará.

"LUZ AMARILLA". Los problemas de relacionamiento de los policías no son sólo con la ministra Tourné. Ayer, la Mesa Intersindical Policial y el Círculo Policial criticaron al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, por contratar el fin de semana pasado a 23 soldados para suplantar a policías que habían decidido no realizar el servicio 222 en el departamento.

La Mesa no está afiliada al Pit-Cnt y nuclea a los agentes, subalternos y funcionarios del Ministerio del Interior, mientras que el Círculo es una institución social que agrupa a oficiales en actividad y retirados.

Un comunicado de la Mesa Intersindical señala que les causó "repudio" y "preocupación" las medidas adoptadas por Lafluf para brindar seguridad a un rally que se corría en Río Negro.

Lo que ocurrió "este fin de semana en Fray Bentos debe ser tomado como una luz amarilla, ya que no hemos visto desde la clase política la reacción que debía caber en este caso".

La Mesa Intersindical entiende que "se podría estar configurando un hecho de responsabilidad política, pues solo al presidente de la República actuando con el ministro o los ministros respectivos, le compete decidir acerca de las funciones internas que puede cumplir un militar".

La Mesa Intersindical criticó que los funcionarios policiales de Río Negro cobren ingresos generados por el servicio 222 con tres meses de atraso. "Si para la señora ministra somos sus policías, no debería permitir que esto pasara", expresó la gremial.

La ministra Tourné ratificó que los policías no tienen derecho a la huelga, aunque sí les reconoció la posibilidad de sindicalizarse. Y entregó un protocolo de actuación sindical para los funcionarios del Ministerio, que fue aprobado poco después de asumir su cargo. Los legisladores de la oposición Pablo Abdala y Alfredo Cabrera coincidieron con ese planteo. Tourné negó acusaciones de los sindicatos policiales en cuanto a que hay persecución al personal policial, y que éste actúa con desidia debido al bajo nivel salarial. Los policías habían afirmado en la comisión que no sienten estímulo por ascender dado que por la promoción de seis grados sólo perciben $ 250 más. Tourné adelantó aspectos de la reforma de la ley orgánica policial, en donde se establecerá la imposibilidad del ejercicio de la huelga y otras medidas como la eliminación del arresto a rigor como sanción.

Los miembros de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados le pidieron a la ministra Tourné que desean conocer las cifras del recientemente finalizado censo policial. Tourné se comprometió a enviarlas al Parlamento lo antes posible. En relación con el censo, le preguntaron cuántos policías viven actualmente en asentamientos en la periferia de las ciudades, a lo que respondió que son aproximadamente 1.750, es decir el 5% del total de policías ejecutivos de todo el país, cuyo número se aproxima a los 25.000. Sin embargo, estas cifras contrastan con las que presentó la coordinadora de sindicatos policiales, Conasip, cuando compareció ante la misma comisión la semana pasada. En aquella ocasión, los sindicalizados afirmaron que habría 2.500 policías viviendo en asentamientos.