Objetivamente, el gobierno cumplió. Cuando entró en vigencia el polémico Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) anunció que al cabo de un año sería revisado y se introducirían modificaciones si se consideraban pertinentes.

En la sesión de ayer del Consejo de Ministros se estudió el tema, previo informe del presidenciable Danilo Astori y se resolvió elevar el monto no imponible de $ 8.875 a $ 12.425, además de otros ajustes de menor incidencia (se duplica, por ejemplo, el monto del deducible por hijo, pero en términos reales significa entre $ 80 y $ 120).

En los hechos, esta reducción significa, de acuerdo a las cifras manejadas por Economía, que el Estado dejará de percibir alrededor de US$ 100 millones por año. Y aquí es donde empiezan las dudas. Esa cifra, ¿se estaba cobrando demás a los ciudadanos? ¿Acaso los impuestos no tienen un propósito y un fin determinado? ¿Eran ciertas las críticas de la oposición sobre la voracidad fiscalista del gobierno? Errarle por cien millones parece, en principio, demasiado.

Pero también cabe ponerse en la otra posición ¿el gobierno no empezará a cobrar de menos y se desfinanciará? ¿Es posible que se pierda de percibir nada menos que 100 millones que pueden ser fundamentales para solucionar grandes problemas del país?

Y queda por último una tercera posibilidad: los Consejos de Salarios. Los aumentos que se aprueben van a llevar en forma ineluctable a muchos salarios por encima del viejo monto no imponible, lo que significaría, directamente, que más personas serían gravadas por el IRPF, lo que aumentaría el número de damnificados.

Estas y otras preguntas fueron las que nos llevaron a empezar la nota con el término "objetivamente" y por el momento preferimos quedarnos ahí. En los próximos días, políticos y economistas, comenzarán a analizar los motivos y consecuencias.

Sólo cabe precisar que la modificación necesita una ley y que ella empezará a regir un mes después de ser promulgada. Es decir, que aún falta el proceso legal y el transcurso de 30 días, por lo que, con mesurado optimismo puede pensarse en septiembre u octubre para su entrada en vigencia.