Inseguridad y policía

Hace unos días, Lavalleja se vio sacudida por un nuevo hecho de violencia. Esta vez, una banda de delincuentes copó la casa de un matrimonio de avanzada edad y los torturó para que les entregaran el dinero. No contentos, permanecieron un buen rato en la casa, e intentaron desviar la atención de la Policía con falsas llamadas de emergencia desde el celular de una de las víctimas, las que tuvieron la fortuna de vivir para contarlo. En otros casos no ha sucedido lo mismo.

Una situación espantosa que, desgraciadamente, no es un hecho aislado.

El robo, el copamiento y la tortura de las víctimas están hoy presentes en nuestra campaña, no sólo en las ciudades.

Algunos casos son difundidos y otros no tienen repercusión más allá del medio en el que se producen.

Es que, como tantas veces sostenemos, la inseguridad ciudadana ya no es un fenómeno exclusivamente urbano, sino que está presente en todo el país. Establecimientos rurales alejados de las rutas y caminos principales sufren el embate de los delincuentes.

El abigeato cometido para saciar el hambre pasó a la historia. Se roba en grandes cantidades, con una logística de transporte y comercialización que normalmente permanece impune; aunque dentro de todos los males el robo es el menor si tomamos en cuenta el componente de violencia en las personas infinitamente mayor que conllevan otros delitos que encuentran sus víctimas en los habitantes de la campaña.

La respuesta estatal, cuando existe, evita incursionar en modificaciones a la legislación Rural y Penal, que consideramos imprescindibles y en las que venimos insistiendo desde hace años. Y, cuando la respuesta la referimos a los recursos, ellos son absolutamente insuficientes: seccionales policiales de enormes dimensiones con pocos efectivos, quizás, una decena, una camioneta y una moto; sin olvidar que son los vecinos los que en ocasiones aportan el combustible necesario.

Ante el incumplimiento de lo que es uno de los cometidos esenciales del Estado, los vecinos se defienden como pueden. No es extraño ver a propietarios y personal de establecimientos rurales armados en circunstancias que hasta hace unos años hubieran parecido impensables. Escenas que eran propias de la frontera o de lugares muy recónditos se pueden observar, no solamente a pocos kilómetros de Montevideo, sino también en sus zonas rural y suburbana.

Claro está que no todo es represión, ya que en el largo plazo sin prevención y ataque a la multicausalidad del delito aquella de nada serviría. Pero, en el "mientras tanto" algo se debe hacer, y, en el marco de todo lo que se debería hacer, fortalecer a la Policía es uno de los puntos ineludibles. Más, una mirada que sólo considerara a la Policía como "un instrumento para" no es aceptable. Los individuos que, juntos, conforman la Policía, si como seres humanos y trabajadores son acreedores de un tratamiento digno, más lo son en cuanto cumplen una función esencial e indelegable del Estado. Dignificar al ser humano que desempeña la profesión policial, y establecer un marco adecuado de medios materiales y legales para su desempeño es un debe que tenemos por delante; y al que esta Administración tampoco ha sabido dar respuesta. Sobre todo esto profundizaremos en próximas oportunidades.