EE.UU. aportó 900 militares y apoyo tecnológico en rescate de Ingrid

BOGOTÁ | THE NEW YORK TIMES

Estados Unidos jugó un papel más complejo en los acontecimientos que llevaron al rescate de 15 rehenes de las FARC -entre ellos la franco-colombiana Ingrid Betancourt- del que se había reconocido tras el éxito de la operación.

El rol de Washington incluyó el desplazamiento de más de 900 militares estadounidenses a Colombia a principios de este año, como parte de una campaña para localizar rehenes, según un oficial al que se le informó de estas acciones.

En un momento dado, en el primer trimestre de 2008, la cantidad de personal militar estadounidense en suelo colombiano superó el límite de 800 - establecido por la ley- pero un hueco jurídico en Estados Unidos permitió que las autoridades rebasaran ese nivel, ya que los miembros del servicio, incluidos más de 40 de las Fuerzas de Operaciones Especiales, participaron en operaciones de búsqueda y rescate de ciudadanos estadounidenses.

Según la información del funcionario, que pidió no ser identificado -algunos detalles fueron confirmados por funcionarios colombianos-, EE.UU. redujo su presencia militar en Colombia a principios de marzo, después de que surgieron problemas en intentos por rastrear una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tenían cautivos a tres contratistas de defensa estadounidenses.

Alexander Farfán, comandante de la unidad rebelde encargada de los tres hombres, descubrió un artefacto de vigilancia estadounidense plantado en un área remota del sur de Colombia, lo que provocó que los rebeldes cambiaran su ubicación con rapidez.

En ese momento, oficiales del ejército colombiano empezaron a diseñar su propio plan para liberar a los rehenes, interceptando el sistema de comunicaciones por radio de los rebeldes y convenciendo a un comandante guerrillero regional de que necesitaba transferirlos a bordo de un helicóptero de un grupo de ayuda ficticio. Los colombianos informaron hasta el 25 de junio a las autoridades estadounidenses en esta ciudad, justo una semana antes de llevarlo a cabo el 2 de julio.

En la campaña anterior de búsqueda y rescate con mayor participación estadounidense, el personal incluyó un negociador de la FBI para casos de rehenes, quien se encontraba, junto con sus contrapartes colombianas, en San José del Guavire, una capital provincial a 320 kilómetros al sureste de Bogotá, y miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses se integraron a pequeños grupos de reconocimiento colombianos que rastreaban a los rebeldes a pie por la selva.

Cientos de miembros del personal de apoyo estadounidense en el campo en Colombia complementaron a las fuerzas de élite. Además, se llevó a cabo una frenética operación de recopilación de inteligencia, basada en la embajada estadounidense en Bogotá, usando interceptaciones de los sistemas de radio de la organización, inteligencia humana, imágenes satelitales y "respiradores aéreos``, como se llaman en la jerga militar a los artefactos de vigilancia piloteados.

Posteriormente, la idea era que las fuerzas colombianas rodearan a las unidades de las FARC en la selva y las alentaran a negociar la liberación de sus cautivos, enfatizando que no era inminente un ataque contra ellos. Dado que en campañas militares de rescate anteriores la organización rebelde ejecutó a los rehenes, tanto colombianos como estadounidenses creían que eran muy pocas las posibilidades de éxito del plan.

El plan diseñado por oficiales militares colombianos de inteligencia pasó a ser el centro de la atención de los estadounidenses a principios de junio, cuando empezaron a interceptar comunicaciones que señalaban a tres unidades rebeldes que cambiaban de ubicación en la selva para converger cerca del pueblo de Tomachipán, cerca de donde enviados venezolanos recogieron a dos rehenes liberados en enero.

Poco después de que funcionarios estadounidenses preguntaron a Bogotá sobre los movimientos, Juan Manuel Santos, el ministro de defensa colombiano, invitó a William R. Brownfield, el embajador estadounidense en Colombia, a una reunión en su casa para revisar los detalles de la denominada "Operación Jaque". Después de la reunión, Washington colocó personal militar y de inteligencia junto con funcionarios colombianos que planeaban la operación.

Aún cuando los colombianos diseñaban y llevaban a cabo la operación, con un grupo de más de una docena de comandos colombianos de élite disfrazados de socorristas, periodistas de televisión y rebeldes, lo hicieron con una importante asistencia de Estados Unidos, que proporcionó tecnología de señalización de urgencias para los dos helicópteros Mi-17 de fabricación rusa que se usaron en la operación -sólo uno aterrizó-, además de sistemas de señales luminosas pequeños que todos los comandos portaban. También se colocó en los helicópteros un sistema de audio para transmitir en vivo la operación al personal en Bogotá, pero no funcionó bien cuando el ruido de las hélices acalló los sonidos.

Esto no sorprende si se tiene en cuenta que EE.UU. brinda a Colombia US$ 600 millones anuales en asistencia, como parte del proyecto de contrainsurgencia y contra el narcotráfico, lo que ha determinado que el país sea el aliado militar de Washington más importante en América Latina.